EDITORIAL

Incendios devoran al país. Tras los reiterados, implacables y voraces incendios que vienen asolando buena parte del territorio nacional, el informe oficial de anoche daba cuenta que en las últimas 24 horas se han registrado cerca de 12.282 focos de calor. En la Región Occidental, el departamento de Presidente Hayes ha sido el más castigado, siendo el distrito de Cadete Pando el que ha recibido una mayor embestida de las llamaradas. Los pobladores de la zona manifestaron que en el lugar reina un panorama sombrío y desolador, con animales calcinados, muchas viviendas quedaron reducidas a cenizas, los postes del tendido eléctrico se carbonizaron. Por tanto, no cuentan con energía eléctrica, lo que a su vez imposibilita que se puedan hacer funcionar las bombas de agua. También, anoche, el Ministerio de Salud emitió “alerta epidemiológica por riesgos y graves daños a la salud ante incendios en el país”. La justicia debe actuar con toda firmeza. No se trata de un daño menor ni un delito bagatelario como para que los jueces y fiscales ambientales actúen con tanta pasividad mientras el fuego devora el país y la gente por poco se asfixia con el humo tóxico y contaminante.

Tras los reiterados, implacables y voraces incendios que vienen asolando buena parte del territorio nacional, el informe oficial de anoche daba cuenta que en las últimas 24 horas se han registrado cerca de 12.282 focos de calor. En la Región Occidental, el departamento de Presidente Hayes ha sido el más castigado, donde se han localizado unos 8.617 focos de calor, siendo el distrito de Cadete Pando, el que ha recibido una mayor embestida de las llamaradas. De esta manera, los pobladores de la zona manifestaron que en el lugar reina un panorama sombrío y desolador, con animales calcinados, muchas viviendas quedaron reducidas a cenizas, los postes del tendido eléctrico se carbonizaron. Por tanto, no cuentan con energía eléctrica, lo que a su vez imposibilita que se puedan hacer funcionar las bombas de agua, para que con ello, se intente sofocar al menos, y evitar que el efecto destructor siga creciendo.

Conforme aumenta la ola de incendios, este año la Región Oriental ha sido la más asediada por el fuego, principalmente en los departamentos de San Pedro, Ñeembucú, Central, Paraguarí y Caazapá, muy contrariamente al año pasado cuando el Chaco paraguayo fue la zona de mayor incidencia. A este respecto, la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, señaló que en Paraguay el cultivo de marihuana y la expansión agrícola-ganadera actúan como coadyuvantes en la propagación de las quemazones. Con relación al primero, remarcó que la lucha contra este flagelo se ve muy impedida por los límites en la justicia, y en cuanto a lo segundo, dijo que los incendios controlados están regulados dentro de un marco legal. Sin embargo, el incendio provocado y en propagación “es un delito ambiental grave, pero lastimosamente nosotros solo podemos imponer multas administrativas que van de 100 a 10.000 jornales, las causas penales pasan a la Fiscalía y es ahí donde se tiene la oportunidad de dar un castigo ejemplar”. Lamentablemente la dilación campea en estos ámbitos de la justicia, encaminándose los casos hacia un tremendo oparei.

En el departamento Central, el incendio arrasó con más del 50% de la reserva forestal-turística del cerro Kõi de Areguá. El guardaparques Ángel Ciullo relató que el fuego que empezó fuera del parque natural se propagó con rapidez por su interior; Bomberos de Areguá y de compañías de ciudades vecinas acudieron al llamado de auxilio y con sus carros hidrantes intentaron sofocar el fuego que había destruido una vivienda, de donde fueron rescatados, con la ayuda de vecinos, un joven con su madre de avanzada edad. En esta zona, el fuego no solo se localizó en el lugar; simultáneamente se iba agigantando en otros, en comunidades cercanas como Kokue Guasu y en Isla Valle. Los bomberos relataron que los carros hidrantes tuvieron que abastecerse del agua de una piscina. Finalmente, aunque el fuego fue controlado, se pudieron observar graves pérdidas materiales, y consecuentemente ingentes deterioros ambientales.

También hemos sido impotentes testigos del gran incendio en esa bomba de tiempo que constituye el vertedero de Cateura, que esparció su humo tóxico sobre la ciudad, obligó a evacuaciones de familias y también ahuyentó nubes de moscas hacia los barrios aledaños.

Anoche el Ministerio de Salud emitió “alerta epidemiológica por riesgos y graves daños a la salud ante incendios en el país”.

Al decir de la Ley 4014/10 que regula las obligaciones de prevención y control de incendios, en su Art. 1, menciona “(…), que queda prohibida la quema no controlada de pastizales,

bosques, matorrales, barbechos, campos naturales, aserrín o cualquier otro cereal, de leguminosas o tipo de material orgánico inflamable que pudiera generar cualquiera de los incendios definidos en esta ley”. Además se remarca que “la única forma de quema autorizada a los efectos de la presente Ley es la quema prescripta”, es decir, aquella realizada bajo condiciones tales que permitan suponer que el fuego se mantendrá dentro de un área determinada. Asimismo, la mencionada ley hace referencia, en su Art. 3, a que los municipios se constituyen en autoridad de aplicación de la presente ley, en coordinación con una “Unidad Especializada”, denominada “Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control de Incendio”. Lamentablemente, estas instancias de poder, decisión y acción, permanecen en el limbo de la inacción, esperando no se sabe qué, para asumir sus responsabilidades.

Mientras el incendio crece, devorando todo cuanto se encuentra en su camino, finalmente ayer el Congreso sancionó un proyecto de ley que declara en “estado de emergencia” por 90 días a todo el territorio del país como consecuencia de los miles de focos de incendios que se vienen desarrollando y que causan grave daño al ecosistema y la salud. En este mismo orden se aprueba destinar un aporte de 5.000.000.000 de guaraníes –monto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que será direccionado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)– para los cuarteles del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios del Paraguay. En tanto, la decisión sobre el endurecimiento de sanciones queda aún pendiente. A pesar de que los incendios vienen ocurriendo cada año, y con mayor intensidad, más aún, con una legislación definida para regular fundamentalmente las acciones antrópicas, accidentales o provocadas, ninguna de las instituciones de orden público, departamental, municipal, o ministerial, poseen un plan preventivo para enfrentar las acometidas de los incendios. El devorador efecto de las llamas se aviva cada vez más, ante la indiferencia y apática observación de las autoridades, que con mínimos esfuerzos mediáticos pretenden encauzar la contingencia. Lo lamentable en esta coyuntura –conforme al mismo modus operandi de siempre– es la desidia de las autoridades que cada vez más afinan su puntería para tratar de engañar a la ciudadanía y con ello desentenderse o camuflar sus responsabilidades. O lo peor, ofrecen soluciones parche para simular que están haciendo algo, como la reciente declaración del ministro de la SEN, Joaquín Roa, que se limita a realizar una mera exhortación para evitar quemas de basuras y realizar limpieza de campo, acciones que no dejan de ser importantes, pero que fuera del contexto de una verdadera política institucional del Estado, se resume en una prédica en el desierto. Con la sequía reinante, el calor sofocante y el furor del viento, los incendios persistirán, consecuentemente, la humareda, la contaminación y un panorama de desolación acompañarán esas jornadas encendidas en el país. Con suma urgencia es preciso que el gobierno de Mario Abdo Benítez tome cartas en el asunto, a fin de sortear el momento presente, pero por sobre todo, diseñar los planes de contingencias a futuro, que lleven a mitigar próximos eventos. Por demás, la justicia debe actuar con toda firmeza. No se trata de un daño menor ni un delito bagatelario como para que los jueces y fiscales ambientales actúen con tanta pasividad mientras el fuego devora el país y la gente por poco se asfixia con el humo tóxico y contaminante.