Se rechaza ley de insolvencia
La Cámara de Diputados denegó ayer por unanimidad el cuestionado proyecto de ley de insolvencia, tras la protesta ciudadana. La iniciativa, que era del Poder Ejecutivo y que recibió una avalancha de críticas, vuelve al Senado. Un grupo de senadores pidió tratar hoy y enviar al archivo.
Un día después de que las comisiones de la Cámara de Diputados realizaran una audiencia pública para debatir el alcance del proyecto de ley de insolvencia y tras la lluvia de críticas de la ciudadanía, la mesa directiva decidió incluir su estudio como primer punto del orden del día de la sesión extraordinaria de ayer. En una conferencia de prensa antes de la reunión, los líderes de bancada de Honor Colorado y de Colorado Añetete, Basilio Núñez y Jazmín Narváez, respectivamente, sentaron postura en contra de la norma para “dar tranquilidad”.
Los diputados de todos los sectores partidarios coincidieron en que no era el mejor momento para que la iniciativa del gobierno de Mario Abdo Benítez entre en
vigencia, por la crisis económica que provocó la pandemia del covid-19.
También objetaron que el plan de ley no fue socializado con todos los sectores ni estudiado a profundidad (especialmente en el Senado, donde se aprobó a libro cerrado). Afirmaron que el proyecto debe ser analizado con más detenimiento. Varias comisiones asesoras dictaminaron en contra del proyecto, entre ellas la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.
El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista), titular del órgano asesor, dijo que el primer perjuicio que ocasionará una ley como aquella es que el acreedor podrá solicitar la quiebra del deudor. Cuestionó además que el deudor deba pagar el honorario de los síndicos, que no será menos de cinco salarios mínimos (G. 10.964.195).
El diputado Édgar Acosta (PLRA) cuestionó la falta de comunicación del Poder Ejecutivo con el Congreso para analizar dicha intención. Otros legisladores criticaron indirectamente al vicepresidente Hugo Velázquez (ANR), al cuestionar que no realizó su trabajo de enlace.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que de las 300 mil mypimes, el 50% se encuentra en estado de insolvencia con la pandemia. Añadió
que existen 2.754 asociados a servicios de eventos que desde el inicio de la crisis sanitaria no han podido retornar y criticó que la ley no distinga la liquidez transitoria ni distinga categorías.
El polémico artículo 9º señala que todo deudor comerciante deberá presentarse en un plazo de 90 días ante el juez competente para pedir la convocación de acreedores o su quiebra, o la apertura de un procedimiento de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización.