El presidente debe promulgar ley que incorpora a binacionales en el Presupuesto.

El miércoles 28 de octubre, el Congreso sancionó la ley “que integra el presupuesto de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá –lado paraguayo– al Presupuesto General de la Nación-Ministerio de Hacienda”, y la remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación, o eventual veto. Tras casi medio siglo de vigencia de los respectivos tratados, esta es la primera vez que en la era democrática el Congreso toma partido a favor de los intereses del pueblo paraguayo en cuanto a apuntalar el derecho de soberanía que tiene el Paraguay sobre las centrales hidroenergéticas compartidas igualitariamente con Brasil y Argentina, y cuyas turbinas generadoras son accionadas por las aguas del río Paraná, de cuya mitad también es dueño nuestro país. Cabe aplaudir la decisión del Congreso. Es de esperar que el presidente Mario Abdo Benítez promulgue la ley sin objeciones, dando así una señal de patriotismo, hasta ahora inexistente en su política en las binacionales.

El pasado miércoles 28 de octubre, el Congreso sancionó la ley “que integra el presupuesto de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá –lado paraguayo– al Presupuesto General de la Nación-Ministerio de Hacienda”, y la remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación, o eventual veto.

Más allá de la férrea oposición de unos 40 diputados colorados, prevaleció la opinión de quienes sostenían el principio de soberanía de las altas partes contratantes a aplicar sus respectivas leyes en el ámbito de su competencia jurisdiccional en cada margen. Al respecto, acertadamente, el diputado Sergio Rojas sostuvo en la ocasión que “Itaipú y Yacyretá no son un Estado dentro del Estado, como algunos quieren hacer creer”.

Tras casi medio siglo de vigencia de los respectivos tratados, esta es la primera vez que en la era democrática el Congreso toma partido a favor de los intereses del pueblo paraguayo en cuanto a apuntalar el derecho de soberanía que tiene el Paraguay sobre las centrales hidroenergéticas compartidas igualitariamente con Brasil y Argentina y cuyas turbinas generadoras son accionadas por las aguas del río Paraná, de cuya mitad también es dueño nuestro país. Esta patriótica actitud del Poder Legislativo rompe una larga y lamentable tradición de entreguismo por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para impedir que la Contraloría General de la República pudiera auditar la “caja negra” de ese “otro Paraguay”, como gusta ufanarse la clientela política que medra en la administración paraguaya de Itaipú y Yacyretá hasta ahora.

Con el aliento de la “corrupción estratégica” impulsada por los intereses geopolíticos de Brasil y Argentina en Itaipú y Yacyretá a expensas de los nuestros, los Gobiernos de turno de nuestro país se han prestado para que las administraciones paraguayas en ambas entidades se tornen altamente corruptas, para beneficio personal de los consejeros y directores, así como de la bien remunerada clientela, quienes en vez de defender los intereses nacionales allí en juego, más bien se manifiestan funcionales a los intereses de la margen opuesta.

Desde ese pantano de gran corrupción, todos están comprometidos en una misión poco auspiciosa: cumplir las directivas políticas de los gobernantes de turno para emplear los US$ 100 millones de Itaipú, y los US$ 70 millones de Yacyretá –como están estimados por los legisladores– en beneficio personal de los jerarcas y de sus paniaguados, entre los que se incluyen legisladores, magistrados judiciales y otros capitostes, así como empresarios corruptos que nunca faltan.

Al respecto, vale la pena citar como botón de muestra dos hechos más bien anecdóticos, ocurridos en el pasado reciente. El primero tiene que ver con el testimonio brindado por el exdirector argentino de Yacyretá Óscar Thomas en el sentido de comentar indiscretamente que en su visita protocolar al entonces recientemente asumido presidente de la República, Federico Franco, este le pidió US$ 1,5 millones para “gastos sociales”. Lo otro, cuando públicamente este mismo director argentino declaró sin ambages, tras asumir el presidente Horacio Cartes, que había puesto a la libre disposición del flamante director paraguayo, Juan Schmalko, US$ 130 millones, supuestamente para gastos sociales.

De hecho, por causa de la corrupción que las permea, las administraciones paraguayas de las entidades binacionales se muestran más bien proclives a tomar partido a favor de los intereses de nuestros socios antes que de los nuestros. Tal como quedó comprobado con la abrogada Acta Bilateral, por la que el Gobierno paraguayo concedió al director técnico ejecutivo brasileño la autoridad privativa para administrar la utilización de las aguas del embalse de Itaipú, que por mitad pertenece a nuestro país y que por tanto debe ser administrada conjuntamente. Y administrar la utilización de esas aguas no solo implica hacerlo con respecto a la generación de electricidad, sino también el poder de controlar la navegabilidad del río Paraná en casos de estiaje crítico, como el actual. Al respecto, no deja de ser una afrentosa ironía que recientemente autoridades brasileñas de la central hidroeléctrica hayan manifestado ínfulas de buena voluntad por haber accedido a descargar agua del reservorio de Itaipú para permitir que puedan navegar por el Paraná trenes de barcazas paraguayas.

Vale decir, con la renuncia del control de las aguas del embalse de Itaipú por parte de las autoridades paraguayas del ente, alegremente el presidente Mario Abdo Benítez pretendió ceder a Brasil a un mismo tiempo: el manejo unilateral de la palanca de generación eléctrica, así como la geopolítica de la navegabilidad del río Paraná.

En Yacyretá, en la olla podrida de la corrupción se cocinó el Acuerdo Cartes-Macri: la construcción de la represa en el Brazo Aña Cua. Proyecto por el que Paraguay dispondrá durante dos años un millar de puestos de trabajo para mano de obra barata, pero a costa de no poder disponer de la electricidad allí generada durante 20 años, cuyo valor irá a las cuentas del grupo de financistas de la obra, aún no identificado. Estas son muestras del entreguismo de nuestras autoridades ante nuestros angurrientos socios, las que presumiblemente obedezcan a los apetecibles “gastos sociales” que nuestros “magnánimos” socios ponen a disposición de los Gobiernos paraguayos. Es por eso que cabe aplaudir la decisión del Congreso de incorporar tales recursos al Presupuesto nacional.

Es de esperar que el presidente Mario Abdo Benítez promulgue la ley sin objeciones, dando así una señal de patriotismo, hasta ahora inexistente en su política en las binacionales. Pero también es de esperar que los legisladores que ahora aprobaron la ley no lo hayan hecho con el simple propósito de disponer de más dinero para su clientela, sino para distribuirlo luego en beneficio del país en general.