Juicio contra periodista
El juez Elio Ovelar cosecha una larga lista de cuestionamientos a su trabajo como magistrado. Una de las últimas, en el marco de un juicio que busca acallar la prensa.
La actuación de Ovelar despierta fundadas sospechas por su llamativa insistencia de realizar el juicio oral y público al periodista Juan Carlos Lezcano y a la directora del diario ABC, Natalia Zuccolillo, a sabiendas de que no se han agregado aún importantes pruebas de la defensa.
En el marco del juicio impulsado por la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González Ayala contra nuestro diario, el propio magistrado requirió sendos pedidos de informes a su par de igual clase y jurisdicción de la República de Panamá, a petición de los abogados Rodrigo Yódice y César Coll Rodríguez.
Específicamente, las autoridades panameñas deberán remitir la contestación de una serie de informes requeridos al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y a la empresa IDEATI SA, ambas con asiento en dicho país.
La información requerida a cada una se detalla en la infografía que acompaña este material.
Si bien con relación a los datos solicitados al CIAT, existe un informe de la SET que los contesta parcialmente. La totalidad de los datos requeridos del exterior está pediente de contestación y es necesaria para el cotejo correspondiente con dichos informes recogidos localmente.
En ocasión de impugnar la decisión de Ovelar de apartarse de la causa a raíz de la intervención del abogado Álvaro Arias –en representación del periodista Juan Carlos Lezcano– la magistrada Olga Ruiz expuso al Tribunal de Apelación una serie de irregularidades observadas en el expediente.
Específicamente, precisó que a pesar de que la querella se presentó a fines de setiembre del año pasado, recién se le dio intervención casi un año después.