Rumbo al precipicio

Este año Paraguay cerrará sus cuentas con un saldo rojo del 7,2% del PIB, equivalentes a 2.250 millones de dólares, casi cuatro veces por encima del tope establecido en la ley de responsabilidad fiscal (1,5% del PIB). La deuda pública ascendía a 11.015 millones de dólares antes de los últimos empréstitos aprobados y terminará 2020 con un ratio del 33,1% del PIB, contra 22,7% de 2019, superando ya largamente la temida barrera del 30%. Para colmo, el flamante ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, no solo ratificó el plan de mantener el alto déficit, sino que insinuó que se podría llevar el endeudamiento a un rango de entre 40% y 50%. Si la sociedad paraguaya no reacciona, terminaremos como Argentina. La mención de nuestros vecinos no es gratuita y mucho menos pretende ser peyorativa. La querida y rica Argentina, nación de grandes mujeres y hombres en prácticamente todos los ámbitos, con una espléndida historia de logros absolutamente extraordinarios, uno de los primeros países del mundo en vencer el analfabetismo, por mencionar un ejemplo, ha caído una y otra vez en el descalabro económico, y actualmente vuelve a enfrentar una situación desesperante, por una única y exclusiva causa: por gastar más de lo que puede. Paraguay está haciendo exactamente lo mismo. Se dirá que estamos lejos todavía de una crisis semejante. Exactamente, “todavía”, por lo que hay que detenerse ya. Argentina, como todos los países que llegaron a esos extremos, sin excepción, empezaron siempre de la misma manera: forzando un poco los límites, eludiendo los criterios y las regulaciones de prudencia, con el discurso de que lo podrán manejar, de que más adelante se recuperarán los equilibrios, de que “un poco de déficit” o “un poco de inflación” o “un poco más de deuda” es normal, con dudosas proyecciones que rara vez se cumplen. Los argumentos también son siempre los mismos. Se alega la necesidad de invertir en el desarrollo o en planes sociales, de promover la reactivación, lo cual a menudo no son más que falacias demagógicas, eufemismos para justificar el derroche, la mala priorización, la ineficiencia del sector público, cuando no directamente la corrupción y el clientelismo político. Esos discursos y argumentos son calcados a los que se escuchan hoy en Paraguay. El Gobierno se escuda en la crisis del covid por haberse saltado todos los parámetros de sostenibilidad macroeconómica que, mal o bien, se habían venido respetando históricamente en el país. Y en vez de volver rápidamente a encuadrarse dentro de esos marcos de responsabilidad, propone más gasto, más deuda, más subsidios, con la consigna de “Ñapu’ã Paraguay”. Concretamente, en vez de readecuarse de una vez a la ley, plantea un “plan de convergencia” a cuatro años, con un déficit de 4% del PIB en 2021; de 2,8% en 2022; de 2,1% en 2023; para solo volver al tope del 1,5% en 2024. En otras palabras, Mario Abdo Benítez plantea gastar mucho más de lo que se puede en lo que le resta de mandato, dejándole la cuenta a los que vengan después. En el dudoso caso de que se cumpla el “plan” –dado que lo más probable es que le tomen el gusto y los números rojos tiendan a crecer, antes que a disminuir–, para 2024 el país habrá acumulado trece años consecutivos de déficit fiscal, cinco de los cuales por encima del tope prudencial. Basta repasar la experiencia de los países de la región para presagiar lo que eso implica. La razón esgrimida es que, ante la proyectada caída de las recaudaciones por la recesión, no queda más remedio que mantener un nivel alto de déficit y recurrir a más endeudamiento para dar margen de maniobra a las necesarias inversiones públicas, con el fin de impulsar la reactivación. Algunos analistas consideran que ello podría ser inevitable en 2021, pero que en 2022 se tiene que volver al tope legal .Es lo mínimo que hay que reclamar. Sin embargo, independientemente de tales consideraciones, ¿qué garantías existen de que un mayor déficit y una mayor deuda redundarán en beneficio de la ciudadanía y de la reactivación económica? En los últimos nueve meses este Gobierno, con la anuencia del Congreso, incrementó la deuda pública en 2.156 millones de dólares, ¿estamos mejor que antes? Si por lo menos se hubieran utilizado los recursos para tener a estas alturas un sistema de salud pública de primer nivel, con los hospitales en condiciones, equipados y abastecidos, se podría decir que valió la pena. Tristemente, no es el caso. Nuestro país venía manteniendo un envidiable proceso de crecimiento con relativa estabilidad y paulatina reducción de la pobreza. La tendencia ya comenzó a revertirse durante el gobierno de Horacio Cartes, cuando se empezó a disparar el endeudamiento. Con Marito la bola de nieve se está volviendo imparable. Detenerla depende de la gente, de los contribuyentes, de los que trabajan para mantener el Estado; hay que ponerse firmes y exigir que se vuelva cuanto antes a una situación de equilibrio razonable. Este Gobierno ya tuvo un cheque en blanco, no se merece otro.