CSJ debe resolver chicana del exsenador colorado
La excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa del exsenador Óscar González Daher, para excluir los audios filtrados de las pruebas que serán producidas en el juicio oral, sigue sin ser tramitada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Los ministros integrantes de dicha sala, Antonio Fretes (presidente), César Diesel y Gladys Bareiro de Módica, se inhibieron para no atender el planteamiento de la defensa del exparlamentario acusado por supuesto tráfico de influencia y asociación criminal y hasta la fecha no se logró que los demás ministros y/o camaristas integren la sala para poner punto final a la excepción.
Una vez que se conforme el tribunal, solo se debe dar trámite al pedido de González Daher, quien mediante su abogada Sara Parquet a fines del mes de agosto desistió de la excepción promovida para excluir los audios divulgados por ABC Cardinal en diciembre de 2017 y que revelaron el esquema de corrupción que lideraba el ahora exlegislador por ANR en el Jurado.
OGD “no quiere obstaculizar”
Tras desistir de la excepción planteada, Parquet argumentó que la decisión se debe a que en la audiencia preliminar la jueza Cynthia Lovera ya dictó la exclusión de las grabaciones como medios probatorios, por lo que consideran que ninguna acción podrá afectar el fallo de la magistrada.
“Hemos decidido retirar lo que habíamos planteado porque no es nuestra intención obstaculizar el desarrollo de la audiencia”, puntualizó la defensora del exlegislador.
Para el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate e integrado por María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, es imperioso que la Sala Constitucional de la CSJ ponga un punto final al planteamiento de la defensa, ya que si la excepción de inconstitucionalidad sigue pendiente, no se podrá dictar sentencia en el caso “audios filtrados”.
Esquema de corrupción en el JEM
La divulgación de los audios filtrados a través de ABC Cardinal, entre noviembre y diciembre de 2017, fue un escándalo que demostró el funcionamiento de una red mafiosa para torcer la justicia con coimas, favores y presiones con ataques o complicidad de jueces y fiscales.
Sin embargo, el Ministerio Público pidió no incluir las grabaciones como medios probatorios, para evitar cualquier pedido de nulidad del juicio oral.