También ocultan proyecto del puente a Diputados
En un memorándum de dos páginas, el MOPC respondió las consultas de parlamentarios sobre el futuro puente Asunción-Chaco’i, sin dar detalles de las obras que se ejecutarán. Insistirán para que se socialice el plan.
A comienzos de setiembre, la Cámara de Diputados remitió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) un pedido de informe para tener explicaciones sobre dudas y cuestionamientos que surgen en el marco de las obras del Puente Asunción-Chaco’i, obra que se ejecuta con total hermetismo y con importantes cambios respecto al proyecto licitado.
La repuesta que remitió Obras Públicas no convenció a los parlamentarios, ya que la cartera no envió los detalles de las obras propiamente que se ejecutarán, por lo que los legisladores volverán a insistir sobre el tema, según informó ayer a nuestro diario el diputado Sebastián García (PPQ).
En el escrito que remitió la institución a los parlamentarios, un memorándum de solo dos páginas fechado el 12 de octubre, se informó que habrá un nuevo peaje, que supuestamente no afectará los ingresos del puente Remanso y que, además, “capacitarán” a los lancheros que se verán afectados en sus ingresos. En este documento, la cartera indicó asimismo que supuestamente habrá un plan de ordenamiento territorial, sin dar mayores datos al respecto, y que recién con este plan se definirá la necesidad de transporte público o infraestructura que se requerirá. “Vamos a remitir al grupo de arquitectos urbanistas que colabora en el seguimiento, y vamos a insistir con la información que falta. Vamos a reiterar y ampliar los pedidos que sean necesarios y, por lo menos, tratar de evidenciar el impacto de lo que están haciendo sin socializar los estudios, evaluaciones de impacto, planificación, etcétera”, dijo el parlamentario.
Esta obra se adjudicó por G. 789.417 millones al Consorcio Unión, integrado por CDD Construcciones y Constructora Heisecke (César Delgado y José Luis Heisecke), bajo la modalidad de “suma alzada”, lo que significa que el precio de la obra no debería sufrir modificaciones. Pero se teme que al tratarse de la fuente de financiación BID (no regulado por Ley 2051), el precio se dispare con la inserción de obras no previstas.