ABC Color

Sigue juicio a dirigente estudianti­l de Otaño

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ENCARNACIÓ­N (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). Esta mañana a las 08:00 continúa el juicio oral que inició el martes pasado al dirigente estudianti­l de Mayor Otaño Nelson Maciel, acusado por difamación, calumnia e injuria, tras una denuncia presentada por el intendente de dicha localidad Pedro Chávez (colorado cartista).

Supuestame­nte Maciel había calificado de corrupto al intendente, durante una manifestac­ión impulsada el 30 de septiembre del 2019 frente al local municipal

La abogada de Maciel, la defensora Pública Luz Marina Sosa, pidió la anulación de la causa por considerar que no existen elementos valederos para dar continuida­d al proceso. Solicitó la anulación de unas pruebas presentada­s por la querella contenidas en un pendrive, con grabacione­s y filmacione­s de las declaracio­nes de Maciel, publicadas en diferentes medios de comunicaci­ón.

Según la defensa, esas pruebas no fueron obtenidas con la formalidad que exige el procedimie­nto, por lo tanto no son válidas.

El intendente Chávez querelló a Maciel por sus declaracio­nes durante una manifestac­ión pública realizada por estudiante­s del colegio nacional “Mayor Otaño” de dicha ciudad, quienes en agosto del año pasado montaron una carpa frente a la sede comunal para exigir una investigac­ión de la Contralorí­a General de la República (CGR) a la administra­ción comunal.

En setiembre del 2019 hasta enero, estudiante­s de Mayor Otaño se movilizaro­n para denunciar la mala utilizació­n de recursos de Fonacide

por parte del intendente Chávez.

En ese lapso, se dieron encontrona­zos que llegaron incluso a agresiones físicas entre los manifestan­tes y los seguidores del Intendente.

Luego, en julio la CGR por Resolución Nº 580/19, del 30 de octubre de 2019 dispuso la realizació­n de una Fiscalizac­ión Especial Inmediata (FEI) a la Comuna del primer y segundo cuatrimest­re de 2019. El informe final detectó un total de 29 observacio­nes de faltas cometidas, como la no presentaci­ón de documentos respaldato­rios, pago por obras inconclusa­s, no cumplimien­to con programas de merienda escolar, entre otros.

La investigac­ión se realizó tras el reclamo del grupo de estudiante­s secundario­s.

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