Voraces intendentes y ediles saquean las Municipalidades.

La tremenda corrupción que afecta a las Municipalidades, saqueadas por voraces ediles e intendentes de partidos diversos, demanda no solo una decidida persecución penal para sancionar a los delincuentes y disuadir a los que aspiren a serlo, sino también una fiscalización rigurosa de la ciudadanía y de la Contraloría General de la República, sin olvidar que el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados deben disponer la intervención en los casos previstos por la Carta Magna. Recientemente, la Contraloría emitió un lapidario informe sobre la Municipalidad de Asunción, pero otras intervenciones demuestran que el mal se replica en gran número de localidades de todo el país. Es intolerable que la administración comunal sea fuente de ingresos ilícitos para politicastros que se burlan miserablemente de los vecinos que pagan sus tributos.

La tremenda corrupción que afecta a las Municipalidades, saqueadas por voraces ediles e intendentes de partidos diversos, demanda no solo una decidida persecución penal para sancionar a los delincuentes y disuadir a los que aspiren a serlo, sino también una fiscalización más rigurosa de la ciudadanía y de la Contraloría General de la República, sin olvidar que el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados deben disponer la intervención en los casos previstos por la Carta Magna.

Hace unos días nos ocupamos del lapidario informe de la Contraloría que detectó un daño patrimonial multimillonario en la Municipalidad de Asunción. Pero se vienen conociendo otros informes que demuestran que el mal se replica en gran número de localidades de todo el país. Es intolerable que la administración comunal se haya convertido en una continua fuente de ingresos ilícitos para politicastros que se burlan miserablemente de los vecinos que pagan sus tributos, sin obtener a cambio los buenos servicios municipales a que tienen derecho. Se privatiza el dinero público en favor de unas autoridades desvergonzadas que engañaron a los vecinos para lograr su voto. Solo les interesa su bienestar, como si el cargo que ejercen fuera el camino más corto para aumentar su patrimonio, recurriendo a malversaciones de todo tipo. El sueldo o la dieta son lo de menos, como bien dijo alguna vez el exsenador Jorge Oviedo Matto, alentando a correligionarios suyos que pretendían ser concejales de Asunción; lo mismo podría haber indicado a los candidatos del interior del país.

El hecho de que sean muy atractivos los ingresos paralelos, como los derivados de los royalties y de los recursos del Fonacide, explica la febril creación de Municipalidades que no cumplen con los requisitos dispuestos en la Ley Orgánica Municipal (LOM), entre los cuales figuran que tengan al menos diez mil habitantes y una infraestructura urbana mínima. Aquí resulta evidente la complicidad de los diputados con los dirigentes locales, tanto como cuando se oponen, por razones político-partidarias, a que una Municipalidad sea intervenida, pese a todas las evidencias. Es muy ilustrativo el caso de la de Concepción, cuyo intendente desde hace diez años se llama Alejandro Urbieta (PLRA): en agosto último, la Cámara Baja rechazó la intervención porque no se habría constatado un daño patrimonial, pero dos meses más tarde, tras una auditoría hecha gracias a la presión ciudadana, la Contraloría denunció ante el Ministerio Público que, solo en 2018, en la Municipalidad concepcionera se malversaron nada menos que 6.458 millones de guaraníes, configurándose así los delitos de daño patrimonial y lesión de confianza. En septiembre, los diputados también rechazaron la intervención de la Municipalidad de Arroyito, cuyo intendente es Samuel González (ANR), pese a que la Fiscalía ya lo había imputado por lesión de confianza, luego de que la Contraloría denunciara un daño patrimonial de 732.600.000 guaraníes, por obras no realizadas o mal ejecutadas.

En la misma ocasión –febrero de este año– denunció penalmente la gestión de otros cuatro intendentes, entre ellos los colorados Francisco Chávez (Independencia) y Everaldo

Devitte (Ñacunday). A la fecha, la sede de la primera Municipalidad ya fue allanada ocho veces, la última debido a que el intendente habría falsificado firmas para “invertir” 38 millones de guaraníes del erario municipal; Devitte y su antecesor Pedro Duarte habrían gastado más de 1.860 millones de guaraníes, sin documentos respaldatorios. Igualmente, la Municipalidad de Mauricio José Troche fue allanada en julio porque un grupo de vecinos y tres concejales denunciaron a la intendenta Andresa Benítez (PDC) por los delitos de lesión de confianza y de producción de documentos no auténticos; también se la acusa de no haber justificado ante la Contraloría un gasto de más de 5.000 millones.

Cómo olvidar, en cuanto a allanamientos, el realizado hace un año en la Municipalidad de Mayor Otaño, cuyo intendente es Pedro Chávez (ANR), luego de que la Contraloría detectara graves ilicitudes por más de mil millones de guaraníes del Fonacide, reveladas por ejemplares estudiantes. En agosto de 2020, la Fiscalía visitó la Municipalidad de Ñemby, en el marco de una pesquisa que afecta al intendente Lucas Lanzoni (PLRA) con respecto a un total de unos 3.000 millones de guaraníes malversados; también en este caso, se hizo sentir, durante meses, la indignación ciudadana. En suma, hasta mediados de este año, la Contraloría denunció penalmente las fechorías de 16 intendentes, once de ellos colorados que habrían causado un daño patrimonial de 16.000 millones de guaraníes, en conjunto. Desde luego, las corruptelas aún no detectadas por el órgano contralor serían mucho más numerosas, lo que sugiere la necesidad de que los vecinos se interesen en la gestión de sus autoridades comunales, haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la LOM.

En más de un caso de los referidos fue de singular importancia la movilización de la gente, más aún porque no se puede confiar en que los ediles ejerzan su función de control. Hasta sería imposible que lo hagan, ya que ellos mismos suelen ser los autores, cómplices o encubridores de tantos hechos punibles cometidos, sobre todo en las pequeñas localidades, en las narices de la población afectada. Aparte de enterarse de las tropelías y de manifestarse pacíficamente en calles y plazas, ella debería recurrir a los medios de prensa y presentar denuncias formales ante la Contraloría o el Ministerio Público. La administración municipal está mucho más cerca de la ciudadanía que el Poder Ejecutivo, de modo que el “monitoreo” de la gestión de sus responsables no sería extremadamente difícil. Los vecinos tienen a la vista las obras mal hechas o abandonadas, la basura no recogida y las vías públicas deterioradas. También pueden notar que, por eso mismo, el intendente o los ediles aumentaron su patrimonio en forma llamativa. Ni la Contraloría ni el Ministerio Público pueden estar, de entrada, mejor informados que la ciudadanía acerca de la gestión de quienes fueron elegidos para atender sus intereses. Por todo ello, está en sus propias manos, en gran medida, impedir que sigan siendo victimizados por unos sinvergüenzas que deberían estar en la cárcel.