Causa del “partner”, en su etapa final
El juicio oral que enfrenta Raúl Fernández Lippmann por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero está en la parte final. Ayer terminó la producción de pruebas documentales y el próximo martes 10, a las 13:30, el tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza (presidente), Laura Ocampo y Fabian Weisensee realizará una constitución en uno de los inmuebles que pertenece al “partner” del exsenador colorado Óscar González Daher.
Se trata de la vivienda ubicada en el barrio Loma Pytá de Asunción, donde el acusado actualmente vive con su familia, y que incluyó en las dos declaraciones de bienes que presentó ante la Contraloría General de la República, en su carácter de funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El inmueble fue declarado como suyo por Fernández Lippmann, junto a otro que está situado en la ciudad de
San Lorenzo. Sin embargo, este último no fue ubicado por la perito Olga Fleitas, quien a pedido de la fiscala
Victoria Acuña se encargó de la tasación de la otra casa que pertenece al acusado y hasta donde irá el tribunal.
En la siguiente audiencia a la constitución que llevarán a cabo los jueces, Fernández Lippmann estaría prestando declaración indagatoria ante el Tribunal de Sentencia.
Posteriormente las partes presentarán los alegatos finales y luego se dictará la sentencia del caso.
El caso
Según la acusación de la fiscala Victoria Acuña, entre el 2007 y 2017 Fernández Lippmann cobró salarios por la suma de G. 2.138.519.284 como funcionario del JEM.
De dicha cifra, al acusado le descontaron unos G. 342.796.004 en concepto de aporte jubilatorio, con lo que el salario neto que percibió en ese lapso fue de G. 1.795.723.280. Sobre este punto la defensa solicitó al
Ministerio de Hacienda un informe, que hasta la fecha no fue remitido al tribunal.
En la lectura del auto de apertura del juicio oral se resaltó que el exsecretario del JEM realizó operaciones bancarias, de forma personal y en conjunto con su esposa, en las que la Fiscalía detectó incongruencias por la suma de G. 238.233.197, entre sus ingresos y egresos en los años mencionados.
El coacusado en la causa es Cristian Manuel León Guimaraes, un funcionario que estaba a cargo de Raúl Fernández Lippmann y que habría actuado de prestanombre. La acusación en contra del hombre es también por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La expectativa de pena por enriquecimiento ilícito es de hasta 10 años de cárcel y con el concurso de delitos puede llegar a doce años.