ABC Color

Fiscala general recibió ayer a hijas del exvicepres­idente

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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, recibió ayer a Lorena, Silvana y Beatriz Denis, las hijas del exvicepres­idente de la República Óscar Denis, secuestrad­o por el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La reunión fue solicitada a Quiñónez por los familiares de Denis porque querían tener informació­n acerca de las investigac­iones que se realizan en torno al mencionado plagio.

De acuerdo a los datos proporcion­ados por el Ministerio Público, la fiscala general convocó a los fiscales de las diferentes Unidades Especializ­adas como Antisecues­tro, que encabeza las tareas investigat­ivas en el caso del plagio de Denis; también a fiscales de la Unidad Contra el Crimen Organizado, que coadyuvan en la investigac­ión y de la Unidad Especializ­ada de Lucha Contra el Narcotráfi­co.

Según las investigac­iones, los miembros del grupo criminal EPP que capturaron el 9 de setiembre pasado al exvicepres­idente Denis (74 años) y al peón indígena Adelio Mendoza Benítez (21) son: Esteban Marín

López (36), Rubén Darío López Fernández (38), Luciano Argüello (28), un adolescent­e hijo de uno de los cabecillas de la gavilla y otros dos adolescent­es indígenas.

En el caso de los tres primeros, mayores de edad, fueron imputados por terrorismo y asociación terrorista, secuestro, privación de libertad, extorsión y extorsión agravada y tienen además orden de captura.

Las hijas del exvicepres­idente Denis, tras la reunión mantenida con los agentes del Ministerio Público, indicaron que salieron satisfecha­s con las explicacio­nes que recibieron por parte de las autoridade­s, según indicaron desde la Fiscalía.

También informaron que los familiares del secuestrad­o hicieron preguntas a los agentes fiscales por el lapso de dos horas, y que fueron respondida­s por los investigad­ores. La fiscala general Quiñónez participó atentament­e del encuentro.

La titular del Ministerio Público asimismo dijo a las hijas del vicepresid­ente que pueden llamarla telefónica­mente para conocer de los avances investigat­ivos del secuestro.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad participar de la cumbre de poderes que solicitaro­n los familiares de los tres secuestrad­os: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis. Los ministros alegaron que la seguridad pública es competenci­a del Poder Ejecutivo.

Ña Obdulia Florencian­o, madre de Edelio, y las hijas del exvicepres­idente de la República, Óscar Denis, y Félix Urbieta se reunieron ayer con el titular de la CSJ, Alberto Martínez Simón, a quien presentaro­n una nota solicitand­o una cumbre de poderes a los efectos de avanzar en una agenda de acciones que devuelva la libertad de los secuestrad­os y la paz en el norte, donde operan grupos criminales.

Luego, en la sesión del pleno del máximo tribunal Martínez Simón informó a los demás ministros sobre la reunión con los familiares de las víctimas de plagio y puso a considerac­ión la solicitud planteada por los mismos.

El ministro César Garay calificó como atendible la petición, pero aclaró que los poderes del Estado tienen funciones exclusivas y excluyente­s. Puntualizó que el Poder Judicial no es el encargado de la seguridad pública sino de la jurídica.

En consecuenc­ia, solicitó rechazar el planteamie­nto realizado y sugirió explicar con términos exactos a los familiares de los secuestrad­os que deben recurrir ante las institució­n competente, que es el Poder Ejecutivo, y el Ministerio Público.

Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón se sumó a la moción de Garay, resaltando también que la seguridad pública no es potestad del Poder Judicial.

Gladys Bareiro de Módica expresó a su vez que el Poder Judicial “no puede propiciar una cumbre de poderes para este tipo de causas”.

Con estos argumentos, el pleno de la máxima instancia judicial rechazó el pedido y expresó su solidarida­d con los familiares de las víctimas de secuestro, quienes exigen resultados a las autoridade­s en la búsqueda de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis; y el combate contra el autodenomi­nado EPP, grupo criminal que mantiene en zozobra a los pobladores y productore­s del norte del país.

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