Piden pagar el “aumento mau”
En la sesión extraordinaria del último martes de la Cámara de Diputados, ocasión en que se aprobó el PGN 2021, los legisladores colorados cartistas denunciaron “retención ilegal de beneficios” a funcionarios de diversas instituciones públicas e instaron al Ministerio de Hacienda a pagar los aumentos salariales que fueron otorgados en 2018.
El caso se conoce como “aumentos mau” porque fue concedido en aquel entonces de manera irregular en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, durante el estudio del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019.
Los incrementos, según los antecedentes, fueron hasta 250% concedidos a unos 1.595 funcionarios sin concurso como lo establece la ley de la función pública y representaban más de G. 7.700 millones. En ese entonces se había señalado a los beneficiarios como operadores políticos, ya que fueron directamente a la bicameral para obtener el aumento sin conocimiento del Ministerio de Hacienda.
La cartera fiscal detectó la maniobra a fines de enero cuando se disponía a pagar los salarios y ahí saltaron los casos en el sistema, lo que motivó una serie de medidas para mantener el mismo sueldo que recibían hasta diciembre de 2018, lo que en algunos casos generó que los afectados recurran a la Corte Suprema de Justicia.
El tema fue planteado en plenaria por el diputado Justo Zacarías, quien dio su solidaridad a los funcionarios del Senepa afectados por esta medida de Hacienda. Le siguió el diputado Tadeo Rojas, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y de la Comisión de Presupuesto de Diputados, quien dijo que el tema debe ser abordado con el nuevo ministro de Hacienda porque son varias las entidades, y que en algún momento debe ser atendido por el Ejecutivo.
Señaló que además de Senepa, están Senave, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Repatriados, Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Walter Harms, por su parte, expresó que se trata de una “retención ilegal” de beneficios establecidos en la ley y en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Añadió que en el caso de Senepa, son unos 500 funcionarios a quienes se les retiene entre G. 300.000 y G. 400.000 mensualmente.