Jueza rechaza nulidad planteada por Nenecho
Ayer ya solo faltaba un día para que venza el plazo que tienen los concejales asuncenos para tener terminado el dictamen que aprueba el presupuesto municipal 2021, un documento que debe ser estudiado con tiempo y detalle. Sin embargo, a último momento y sin planificación, el intendente Óscar Rodríguez (ANR) envió una adenda que pretende modificar el rubro 100 de servicios personales, realizando recategorizaciones, aumentos salariales y reprogramación.
Se habla de un total de G. 4.547.695.497. El aumento es financiado con G. 2.115.830.000, que provienen de impuestos a la propiedad, y unos G. 2.431.865.497 serán reprogramados. En la adenda ni siquiera se detalla quiénes son los funcionarios que recibirán los montos y de cuánto se trata. Pueden ser “planilleros” inclusive, ya que la Comuna no es transparente con su nómina de funcionarios.
Esta adenda, además de otras dos, ingresaron en una sesión extraordinaria llevada a cabo ayer “a escondidas”, a espaldas de la ciudadanía, puesto que no se convocó a la prensa ni se dio aviso de forma anticipada y en el horario establecido no se realizó la transmisión vía internet. Los documentos fueron derivados finalmente a la Comisión de Hacienda.
El concejal Julio Ullón (ANR) comentó: “El mensaje se encuentra incompleto porque no acompaña el anexo de personal. Debe estar el listado de los funcionarios con su antigüedad correspondiente”.
El edil Federico Franco (Juntos Podemos) dijo que la Ley 6622, que establece la racionalización del gasto público, prohíbe todo tipo de aumentos salariales, y el pedido de la Intendencia va en contra de la normativa.
“Mañana debe estar el dictamen ya firmado, para que pueda ser distribuido a todos los concejales con la anticipación que se requiere. Y seguimos estudiando los números. Una improvisación que no tiene nombre”, indicó.
Por su parte, la Dirección de Comunicación de la Junta emitió un comunicado en el que expresó: “En nuestro ánimo no existió intención de hacer ninguna ‘sesión secreta’ ni cerrada a la prensa (...) Hemos sufrido explosión de transformadores y estamos trabajando con equipos de emergencia”.
Wilfrido Cáceres, director de Administración municipal de la Intendencia, comentó que la Adenda 3 comprende la creación de rubros para 17 funcionarios egresados de la Academia de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la reprogramación para la desprecarización de funcionarios con varios años de antigüedad que pasaron por un proceso según lo establece el contrato colectivo que rige en la comuna.
La jueza Hilda Benítez Vallejos rechazó el incidente de nulidad presentado por el imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), y la investigación por supuesta producción de documentos no auténticos (caso Empo) proseguirá.
El exintendente Mario Ferreiro, el actual jefe comunal, Óscar Rodríguez, 11 concejales y la exdirectora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción, están imputados en el caso Empo, por haber supuestamente apañado a la empresa al falsificar documentos tributarios que se usaron para que esta siga cobrando pese a ser morosa del Estado.
La fiscala Stella Mary Cano es la que formuló la imputación. El intendente Rodríguez había presentado un incidente de nulidad de acta de imputación, que fue rechazado hoy por la jueza Hilda Benítez Vallejos. La misma ahora debe convocar a los imputados para imposición de medidas alternativas a la prisión.
Las denuncias surgieron luego de publicaciones de este diario que mostraron que las autoridades pretendían limpiar a la morosa Empo Ltda. La historia comienza en abril del 2018. Empo Ltda., estando en la lista de grandes morosos del Estado, pretendió transferir su contrato a otra empresa de nombre Empo SA y así “limpiar” el negocio, con ayuda de concejales y del entonces intendente Mario Ferreiro. La resolución 5500/18 aprueba la transferencia. La misma fue aprobada sin oposición.
Según el acta de sesiones, los ediles que aprobaron en ese entonces el documento fueron: Hugo Ramírez, Daniel Centurión, Julio Ullón, Rosanna Rolón, Víctor Ortiz, Gilberto Apuril, Ricardo Martínez, Ireneo Román, Carlos Arregui, Elvio Segovia, Federico Franco, Rodrigo Buongermini y Sebastián Villarejo, pero estos no fueron imputados. También Víctor Hugo Menacho, ya fallecido. Además, los concejales –que fueron imputados– Augusto Wagner, Félix Ayala y Javier Pintos.
En mayo del 2018, ABC descubrió que Empo Ltda. presentó un certificado de cumplimiento tributario presuntamente falso. Tras esto, la Junta emitió la resolución 5687/18, por la que se revocó la resolución anteriormente citada que aprobaba la transferencia. La Intendencia abrió sumario y se presentó la denuncia a la Fiscalía.
Sin embargo, meses después, los concejales (varios nuevos) volvieron a debatir sobre el tema y, pese a la lluvia de irregularidades, decidieron volver a beneficiar a Empo. La resolución 7326/18 dejó sin efecto la revocatoria, y permitió la transferencia. Votaron 14 concejales; uno de ellos Óscar Rodríguez, hoy intendente. Se imputó a 11 que votaron a favor, pero la Fiscalía se “olvidó” de la concejala Josefina Kostianovsky, cuyo nombre también aparece.