ZI desiste de una querella
El 17 de marzo del 2021 seguirá el juicio oral por supuesta difamación y calumnia al dirigente estudiantil Nelson Maciel (18), querellado por el intendente municipal de Mayor Otaño, el colorado cartista Pedro Chávez. El juicio entró en receso tras la recusación de los abogados de la querella contra el Tribunal de Sentencia unipersonal representado por la jueza Eva Silva.
ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa). La fecha para la continuidad del juicio fue fijada tras conocerse el fallo de un Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia, integrado por los jueces Cristino Yeza, María del Carmen Giménez y Augusto Paredes, que rechazó una recusación planteada por los abogados del intendente Chávez contra la jueza Eva Silva, quien integra el tribunal unipersonal encargado de entender en el juicio.
Los asesores legales del querellante Cristian Fretes y Mario Vera habían presentado recusación contra la jueza Eva Silva, bajo la causal de enemistad manifiesta. Según la argumentación del abogado Fretes, el mismo fue compañero de trabajo de la actual jueza en una unidad fiscal, a cargo del agente fiscal Édgar Villaverde, donde la ahora jueza era su superior. Durante el tiempo que compartieron el trabajo el mismo fue objeto de maltrato por parte de su entonces jefa, afirmó.
La recusación, sin embargo, fue rechazada por la jueza Silva, quien remitió el caso para su estudio y resolución ante el Tribunal de Apelaciones, que resolvió por el rechazo de la recusación y la confirmación de Silva.
El proceso por presunta difamación, calumnia e injuria que se le sigue al estudiante secundario Nelson Maciel se origina en una
CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). El senador imputado Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) desistió de su intención de llevar al banquillo de los acusados al intendente Miguel Prieto Vallejos (MCDE) y a concejales de Ciudad del Este por denuncia que habían presentado en su contra en 2017.
En la víspera, se llevó a cabo la audiencia preliminar en la modalidad telemática del intendente Prieto Vallejos y de los concejales Teodoro Mercado (PLRA), Herminio Corvalán (PPT), Celso Miranda “Kelembu” (ANR, cartista) y el colorado Juan Carlos Barreto (renunciante).
Los citados afrontan un proceso penal por los presuntos ilícitos de denuncia falsa, simulación de hecho punible y testimonio falso, tras la desestimación de una denuncia que habían presentado contra el senador Zacarías por supuesta usurpación de funciones públicas.
Inicialmente el legislador cartista presionaba a través
denuncia presentada por el intendente municipal, Pedro Chávez, quien se sintió agraviado por expresiones del joven durante una manifestación de una querella para la prisión preventiva y juzgamiento de los procesados. Sin embargo, ayer en la audiencia preliminar se pronunció favorable, al igual que la Fiscalía, a la aplicación de una salida procesal para los concejales e intendente.
La decisión se encuentra ahora en manos del juez Amílcar Marecos.
Según los antecedentes, en febrero de 2017 los concejales –incluyendo Prieto y Barreto quienes en aquel entonces
pública de estudiantes y vecinos de la comunidad de Mayor Otaño, quienes en el mes de septiembre de 2019 iniciaron una campaña de protesta contra la administración municipal para exigir se investigue a Chávez por presunto mal uso de dinero público.
En octubre de 2019 el intendente Chávez presentó querella por difamación fundado en expresiones emitidas por el dirigente estudiantil en las que lo tildó de corrupto.
El intendente dice sentirse agraviado por algunos términos que yo pronuncié, como corrupto y otras cosas, y por eso me demandó, había señalado en su momento el dirigente estudiantil. A la denuncia del intendente también se sumó el presidente de la seccional colorada de Otaño.
Leonardo Sánchez, quien también denunció por difamación a Maciel, por una denuncia que este presentó ante la unidad fiscal a cargo del fiscal zonal Walter Castro, en el que daba cuenta de amenazas que el dirigente político habría formulado a la madre del joven, Andrea Maciel, de que sería despedida de su trabajo como limpiadora en el hospital distrital de Otaño si el joven continuaba con sus denuncias públicas. tenían ese cargo– denunciaron a Zacarías por arrogarse atribuciones de la entonces intendente Sandra McLeod, esposa del parlamentario. En un mitin político con mesiteros, Zacarías había dado órdenes a funcionarios municipales para fiscalizar y recepcionar inquietudes de los trabajadores del microcentro.
La jueza Cinthia Garcete había desestimado la causa por supuesta usurpación de funciones y su resolución fue usada por Zacarías para pedir a la Fiscalía la imputación de los concejales.
El fiscal Julio César Yegros (jubilado) se había prestado a la jugada del clan Zacarías para amedrentar a los ediles que en aquel entonces cuestionaban los negociados de McLeod en la Municipalidad esteña.
Según algunas fuentes, el mismo senador Zacarías Irún envió a sus abogados junto a los concejales para finiquitar la causa a fin de evitar mayor exposición, ya que afronta dos procesos penales por casos de corrupción.