En Troche alegan imputación injusta
La presidenta del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail Gina González Yaluff, solicitó un dictamen jurídico para determinar si es posible aplicar el anterior Estatuto Agrario, Ley 854/63, que estaba vigente al tiempo de la expropiación de las tierras de la familia Antebi, para dar solución a la ocupación irregular de las mismas y al mismo tiempo capitalizar al ente. Así lo informaron a este diario miembros de la Junta Asesora y de Control del ente rural.
Precisamente, el tema fue analizado en la primera reunión de ese consejo asesor y de control del ente de la actual administración el pasado martes. Esto, tras al menos dos fracasos en la intención de creación de leyes que tenían objetivos similares; una, vetada por el Gobierno de Horacio Cartes en junio de 2016 y la última, rechazada en el Senado, el 5 de marzo de este año.
Según el análisis, en el 2020 se cumplen 24 años desde que unos 20 “ganaderos” se establecieron en forma irregular en unas 79.096 hectáreas, del total de 224.000 hectáreas expropiadas por el Estado paraguayo en 1995, para la reforma agraria, a la firma Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina SA (Cipasa), de la familia Antebi.
La Ley N° 517/95, de la expropiación de las tierras de los Antebi, solo se usó un 19% para colonias campesinas, es decir unas 42.945 hectáreas fueron adjudicadas a productores campesinos, aunque gran cantidad de los mismos abandonaron su lotes por falta de infraestructura; a su vez. Otras 103.018 hectáreas fueron declaradas reserva natural.
Los datos del año 2019 señalan que por las tierras de Cipasa se adeudarían todavía unos G. 23.000 millones (US$ 3,6 millones) en concepto de intereses y que el Estado ya pagó unos US$ 75 millones.
Según los datos, el Indert tiene una multimillonaria deuda por tierras adquiridas y expropiadas y/o ocupadas por campesinos, y una forma de obtener recursos para saldar dichos compromisos podría ser el vender las tierras de Antebi Cue a los ocupantes, a los precios que correspondan.
Sin embargo, por otro lado se debe considerar que varios sectores políticos consideran que dicha propuesta pretende dar legalidad a ocupaciones irregulares entre los que están políticos e incluso narcotraficantes.
Específicamente, el senador Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez, opinó recientemente que los verdaderos dueños de las propiedades se escudan en prestanombres paraguayos.
VILLARRICA (Carlos Ávalos, corresponsal). Sindicalistas de Petropar se manifestaron ayer frente al Palacio de Justicia de Villarrica, departamento de Guairá, para exigir el levantamiento de la imputación presentada contra la gerente suspendida de la alcoholera de Petropar, en Mauricio José Troche, Carla Páez, y de otros cuatro funcionarios de la planta. Anunciaron que realizarán una huelga general en caso de que no sean sobreseídos.
Una importante cantidad de funcionarios sindicalizados de la petrolera estatal formaron parte de la movilización en apoyo de la citada exgerente de la alcoholera y de los funcionarios Ing. Regis Mereles, Ing. Hugo Noguera, Luis Domínguez y Liza Benítez, que comparecieron a una audiencia de imposición de medidas ante el Juzgado Penal de Garantías del 1° turno, a cargo del juez Derlis Duarte.
En representación de los funcionarios, Gerardo Parodi exigió que se levante la imputación que pesa contra sus colegas alegando que es injusta, porque las primeras dos muestras tomadas del río arrojaron resultados negativos a la presencia de vinaza en el cauce, por lo que no sería la fábrica la responsable de la contaminación. “Fue una imputación injusta y hoy nos dan la razón los análisis del Ministerio del Ambiente y del INTN, pedimos que los compañeros sean desafectados”, expresó Parodi.
Anunció que “caso contrario impulsarán una huelga general, vamos a cerrar las dos plantas, en Troche y Villa Elisa, y si es necesario paralizaremos también la oficina central”, sentenció el sindicalista.
Intentamos conversar con la gerente suspendida Carla Páez, pero prefirió no dar declaraciones a la prensa. Los altos funcionarios que actualmente están suspendidos en sus cargos mientras dure la investigación fueron imputados por procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación por el fiscal del medio ambiente Abog. Erico Ávalos, quien solicitó medidas alternativas a la prisión para todos ellos.