¡Que paguen de sus bolsillos!

Los funcionarios públicos conforman un estamento altamente privilegiado, cuyos envidiables beneficios laborales no guardan relación alguna con el pésimo servicio que prestan al país. A sus numerosas prerrogativas deben sumarse ciertas ventajas económicas de las que carecen los trabajadores del sector privado. De hecho, en los últimos años, sus ingresos aumentaron mucho más que los devengados por quienes no tienen la suerte de estar enchufados al Presupuesto. Entre las remuneraciones adicionales de que gozan, figuran seguros médicos contratados por las entidades públicas, que implican, de hecho, una retribución complementaria, a un alto costo para el erario. Es preciso poner fin al dispendio y a la inequidad reinantes en este asunto. Como a la generalidad de los trabajadores privados, se debe incluir a los funcionarios entre los asegurados del IPS. Si prefieren seguir gozando de una cobertura privada, que la paguen de su bolsillo. Hay que poner fin a tanto abuso.

Los funcionarios públicos conforman un estamento altamente privilegiado, cuyos envidiables beneficios laborales no guardan relación alguna con el pésimo servicio que prestan al país. Sus integrantes adquieren la estabilidad definitiva a los dos años de su nombramiento y no corren el riesgo de quedar desocupados debido a la recesión económica, a la mala gestión del empleador o a una situación especial que afecte a la colectividad, como la actual pandemia. Si cometieron una falta grave, la máxima autoridad del órgano puede hacer la vista gorda cuando tienen el “padrino” adecuado; en todo caso, su destitución presupone un sumario administrativo, cuyo resultado es impugnable ante el Tribunal de Cuentas. La jornada ordinaria de trabajo efectivo es para ellos de solo cuarenta horas semanales. A estas prerrogativas deben sumarse ciertas ventajas económicas, directas e indirectas, de las que carecen los trabajadores y empleados del sector privado. En términos relativos y atendiendo el ingreso per cápita, el Banco Interamericano de Desarrollo constató en 2014 que el servidor público paraguayo es el mejor remunerado del continente, y en 2017, que nuestro país es el que más dinero destina al pago de sus salarios: el 49,5% del total del gasto público.

De hecho, en los últimos años, sus ingresos aumentaron mucho más que los devengados por quienes no tienen la suerte de estar enchufados al Presupuesto. Antes de que se declarara la emergencia sanitaria, estaba previsto que este año el Estado gaste en salarios y otros beneficios 3.981 millones de dólares y que solo se inviertan 1.181 millones. ¡Una aberración!

Entre las remuneraciones adicionales de que gozan los “servidores” estatales figuran los subsidios por casamiento, ayuda vacacional y ayuda alimenticia, así como las gratificaciones o aguinaldos encubiertos por supuesto buen desempeño. Pero eso no es todo, ya que

también gozan de costosos seguros médicos contratados por las entidades públicas, que implican, de hecho, una retribución complementaria. En efecto, como no son financiados parcialmente con un aporte de los funcionarios, como hacen los trabajadores y empleados del sector privado al Instituto de Previsión Social (IPS), resulta que ellos se quedan con la suma que deberían entregar mensualmente para recibir atención sanitaria.

Para peor, lo mismo ocurre con quienes ejercen un cargo público sin integrar el funcionariado. En junio último, el Ministerio de Hacienda reportó que el seguro médico privado de 224 autoridades superiores le cuesta al erario 2.568 millones de guaraníes anuales, de los cuales 1.716 millones corresponden al de los repudiados legisladores. Es que, como dijo el diputado

Carlos Portillo (PLRA), ellos no forman parte del “común” de los ciudadanos. Como no hay mal que por bien no venga, la pandemia hizo al menos que en octubre se promulgara una ley que prohíbe el pago de “seguro médico privado y/o medicina prepaga para la máxima autoridad de los organismos y entidades del Estado y para los miembros de sus órganos colegiados”. La prohibición legal debe alcanzar al pago del seguro médico de todos los funcionarios, porque el privilegio aún vigente implica una intolerable inequidad en perjuicio de quienes contribuyen a que cobren un sueldo. La desigualdad también existe entre esos mismos afortunados, pues las prestaciones sanitarias que reciben son diferentes: algunas son mejores que otras, según los fondos disponibles, la debilidad del jerarca de la institución y la prepotencia de los sindicalistas de las distintas entidades y empresas públicas.

En efecto, el Banco Central del Paraguay contrató en agosto un seguro médico privado por valor de 10.800 millones de guaraníes anuales, lo que significa que pagará doce millones por cada funcionario . Su presidente, José Cantero, se opuso luego a la sanción de la ley antes referida con el argumento, que no requiere comentarios, de que eliminar esa prerrogativa de las altas autoridades conllevaría que los cargos en esa institución fueran menos atractivos. Por si fuera poco, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones llamó hace unos días a una licitación pública para contratar por dos años un seguro médico y odontológico “Vip” por valor de 96.000 millones de guaraníes, lo que supondría un pago mensual de un millón por cada uno de sus 4.000 funcionarios. Es el mismo ministerio que se privó de 25 millones de dólares en favor de unos insaciables “agricultores”, renunciando a obras viales. Sus cinco sindicatos afirmaron en abril que la salud pública y el IPS están “desbordados” y que, por tanto, son “opciones imposibles de imaginar”. Es más, tuvieron el descaro de agregar que la medicina privada prepaga alivia la carga del Estado.

Es preciso poner fin al dispendio y a la inequidad reinantes en este asunto. Como a la generalidad de los trabajadores privados, se debe incluir a los funcionarios entre los asegurados del IPS, tal como se hizo con los docentes y los catedráticos universitarios de las instituciones públicas, así como con el personal de los entes descentralizados y de las empresas mixtas. Los funcionarios no deben seguir excluidos para que tengan una cobertura médica a costa exclusiva del Estado, que se nutre de los impuestos de quienes en verdad trabajan. Como todos, deben aportar cada mes el 9% de sus salarios para recibir la misma atención que sus demás compatriotas: ni más ni menos. No son ciudadanos de primera y es bien posible imaginarse que el IPS sea, pese a todo, una “opción”: no hay por qué darles un trato preferencial.

Si prefieren seguir gozando de una cobertura privada, que la paguen de su bolsillo. Hay que poner fin a tanto abuso.