Por tercera vez posponen juicio oral a OGD e hijo por enriquecimiento ilícito
Ayer, por tercera vez, el juicio a Oscar González Daher y a su hijo Óscar Rubén González Chaves (ambos de ANR) por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, quedó postergado por tiempo indefinido porque tienen covid-19.
La posposición fue dispuesta por el Tribunal de Sentencia que está presidido por Yolanda Portillo, tras ser informada de que ambos acusados fueron diagnosticados con covid-19. El abogado defensor Claudio Lovera explicó que González Daher se encuentra internado desde el viernes último en el sanatorio San Roque, con neumopatía. A su vez, su hijo fue aislado.
Los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia se allanaron al pedido de la defensa, pero solicitaron al Tribunal que los acusados sean inspeccionados por un médico forense, que determine cuándo se podría iniciar el juicio oral.
Intervención de médico forense
Tras escuchar a las partes, la presidenta del Tribunal de Sentencia informó que se notificará
al médico forense de turno para inspeccionar a los procesados y determinar si están o no en condiciones de participar del juicio por medios telemáticos.
Asimismo, se requirió a la defensa presentar toda la documentación referente al estado de salud del exparlamentario y de su hijo, a fin de que sea derivada al galeno interviniente.
Además de Portillo, integran el Tribunal de Sentencia los magistrados Yolanda Morel y Jesús Riera.
La acusación
La acusación presentada por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera, señala una inconsistencia entre los depósitos de dinero –en efectivo y en cheques– en las cuentas bancarias del exsenador colorado y de su hijo, edil de Luque por la ANR.
A González Daher lo acusan de un supuesto enriquecimiento ilícito por G. 6.000 millones, pero llamativamente a Óscar Rubén González Chaves le acusan por un monto de G. 51.000 millones más unos 82.000 dólares. Según la investigación, la mayoría de las cuentas bancarias del concejal luqueño no están en su declaración jurada ante la Contraloría General.
En cuanto al lavado de dinero, la pericia contable determinó que la empresa Príncipe di Savoia SA no posee cualidades financieras para operar por sí misma, y fue utilizada como fachada por los acusados para adquisición y administración de cuantiosos inmuebles.
Al inicio del proceso, padre e hijo estuvieron presos, pero al cumplir seis meses, la pena mínima para el delito acusado, se les otorgó arresto domiciliario.