Juicio oral para aduanero y Sra.
La Fiscalía acusó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y solicitó juicio oral y público para un aduanero y su esposa. Realizaron inversiones millonarias en compra de vehículos e inmuebles, sin justificación lícita.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Sussy Riquelme Brizuela y Osmar Legal presentaron acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el jefe del Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos, dependiente de la Dirección de Fiscalización de Aduanas, Luis Roberto Pintos Aguilera, y su cónyuge Nancy Fabiola Chamorro Paredes, por lavado de dinero, en ambos casos en calidad de autores.
El Ministerio Público sostiene
que “Pintos Aguilera en su condición de funcionario público adquirió, con posterioridad, al inicio de sus actividades, inmuebles, rodados, realizó inversiones en empresas, amortizó deudas, que sobrepasaron sus legítimas posibilidades económicas y la de su cónyuge la señora Nancy Fabiola Chamorro Paredes”.
El periodo investigado a Pintos Aguilera parte del 2008 al 2017, mientras cumplía funciones en el sector público, tiempo en el cual incrementó su patrimonio, de manera superior a sus legítimas posibilidades, como también el patrimonio de su esposa Chamorro Paredes, sin contar con el respaldo legal.
Compraron vehículos
Pintos Aguilera y su esposa no contaban con vehículos registrados a sus nombres al inicio del periodo investigado, pero a partir del 2014 compraron vehículos de alta gama por G. 1.350.177.600.
Inmuebles
La pareja procesada tampoco contaba con bienes inmuebles en el 2008, pero posteriormente adquirieron
inmuebles por G. 1.217.240.000.
En el 2014, Pintos Aguilera también conformó con capital de G. 170.000.000 la empresa Fepisa SA, para la producción y venta de hielo. Hasta el 2017 la firma no registró distribución de utilidades ni dividendos, pero en este año, el aduanero percibió
G. 132 millones como director de la firma. Su esposa es directora suplente.
La Fiscalía también constató en las diligencias investigativas que en el 2016 se registraron depósitos en cuentas bancarias, superiores a los salarios percibidos y declarados formalmente como funcionario público.