Principio universal
La escasez de medicamentos para los enfermos del covid-19, la indigencia de gran porcentaje de la población y las necesidades extremas en las dependencias de Salud Pública es una realidad que venimos soportando como país desde hace años. Nada es nuevo, pero mucha gente ya no tiene paciencia porque le gana la desesperación. Es el caso de don Joel Oviedo, quien en Villarrica, a la luz pública y ante el presidente de la República, Mario Abdo Benitez, gritó su impotencia. La vergonzosa respuesta del Mandatario causó indignación y rechazo de la ciudadanía. En el caso de los enfermos del covid-19 el drama es el alto costo de los remedios miorrelajantes y sedantes que se aplica a los internados en unidad de terapia intensiva (UTI) para evitar ansiedad y desesperación. Los familiares revelaron un gasto promedio de G. 1 millón a G. 2 millones por día. Significa un promedio de G. 30 millones o más en 15 días de internado en UTI. Demuestra la falta de responsabilidad de autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social porque no existen tales servicios que ofrece su rimbombante nombre. Al contrario, padece inseguridad, zozobra y daños por el mismo Estado. Por ejemplo, el hospital regional de San Juan Bautista, Misiones, carece de propofol, anestésico general para cirugía de pacientes polivalentes. Ni siquiera hablamos de enfermos del coronavirus. Los familiares tienen que comprar el anestésico y quizás otras medicinas para intervenciones quirúrgicas porque el hospital no tiene. Estamos ante una realidad lacerante en la que muchos compatriotas venden hasta lo último de valor que tienen o recurren a la solidaridad de los vecinos para poder comprar remedios e insumos. La salud del pueblo es considerada una ley suprema. Fue dictada por el Senado romano hace unos 2000 años y reza: Salus populi suprema lex “la salud del pueblo sea la suprema ley”, frase del célebre Marco Tulio Cicerón en el foro de la antigua Roma que se convirtió en un principio universal y que las autoridades del país deberían de entender y poner en práctica. Es una obligación como servidores públicos.