Llamative celeridad en la SET
Para la adjudicación por vía de la excepción de un contrato de US$ 3.614.280 para actualizar el Sistema Marangatu hubo una llamativa celeridad. Ni siquiera se justificó la urgencia y con ello se violó la ley de Contrataciones Públicas, sostiene la Contraloría General.
Los trámites y procesos de contrataciones anteriores no tuvieron la celeridad que se le dio a la adjudicación por vía de la excepción al contrato de más de tres millones de dólares con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias para la actualización del Sistema Marangatu. Así concluyó la Contraloría luego de revisar este contrato que firmó la SET, durante la gestión de la extitular Marta González.
El órgano contralor fue categórico al señalar que la “urgencia impostergable” que alegó la SET, “no se halla debidamente acreditada, considerando el lapso transcurrido en la búsqueda de soluciones integrales a los inconvenientes técnicos registrados”. Agregó
que la convocante “tampoco acreditó suficientemente el perjuicio que ocasionaría recurrir a un procedimiento ordinario”.
Tributación incumplió el artículo 33 de la ley 2051/03 “De Contrataciones”, que establece que deben existir razones justificadas para la adquisición o locación por razones técnicas o urgencias impostergables.
Por otro lado, el contrato sufrió adendas y “las mismas se hicieron si el correspondiente acto administrativo de autoridad competente que las aprueba y la ponga en vigencia”. Con esto se violó el artículo 22 de ley de Contrataciones, dice el dictamen
técnico emitido en febrero del 2020 y que recién ahora salió a la luz pública.
La Contraloría igualmente resalta que de acuerdo a los documentos proveídos por la SET se verifica que la Convocatoria para el llamado a Contratación por vía de la excepción fue publicado en tres oportunidades; “sin que esté consignado el medio de prensa, ni la fecha de publicación”. Esto violó el artículo 19 de la ley de Contrataciones,
que dispone que los llamados se publicarán en cuanto menos un medio de circulación nacional, durante un mínimo de tres días, y en el órgano de publicación oficial. La información en los medios de prensa contendrá los elementos necesarios para que los posibles oferentes puedan determinar su interés de participar”.
Antecedentes
Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) contrató en forma directa y por vía de la excepción al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu.
Llamativamente, quienes fueron elegidos tenían entre sus directivos a Marta González Ayala, quien en ese entonces era la titular de la SET. Es decir, se contrató a un organismo en un momento en el cual ella era una de las autoridades integrantes.
De acuerdo a los datos que constan en el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala, ingresó como miembro del consejo directivo de la organización el 6 de mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.
A pesar de que el sistema Marangatu llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionamientos, no fue sino hasta 2016 que la administración de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.
El llamado fue publicado en abril de ese año en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
“El 17 de junio de 2016 se firmó el contrato con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) por el monto total de US$ 3.614.280, incluido IVA. El contrato fue suscripto por la directora de Apoyo y Administración y Finanzas.