“Equipo” de la Séptima

La renuncia del doctor Ricardo Pont a la Dirección del Hospital Oncológico de Encarnación, en medio de acusaciones de persecución política, desnuda una lucha sorda entre las dos principales líneas internas del oficialismo (Añetete y Honor Colorado) y en la cual la suerte de Juan Pueblo es apenas una referencia en discursos de ocasión. Una suerte que muchas veces está subordinada a las ambiciones personales de los “líderes” partidarios de turno empeñados en consolidar posiciones y mantener cautivo el poder público. Convengamos en que la política es la herramienta idónea para intervenir en la construcción de una sociedad. A través de ella se ocupan los espacios de poder, donde se toman las decisiones, para bien o para mal de la sociedad en su conjunto. El chapucero manejo de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, desde las más altas esferas del gobierno, es un ejemplo elocuente de subordinación del interés colectivo a los objetivos e intereses de grupos de poder económico y político, que vieron la oportunidad de hacer jugosos negocios y consolidar posicionamientos personales. En el plano local, para nadie es un secreto que en la VII Región Sanitaria se instaló un “equipo” capitaneado por el diputado Colym Soroka (Añetete), que entró a la arena política decidido a llenar ese vacío de poder que experimentan los dos principales referentes de su partido en el departamento, el gobernador de Itapúa Juan Schmalko y el diputado Walter Harms, ambos del movimiento Honor Colorado. La renuncia de Pont estalló como una bomba en la cara de la directora de la VII Región, Romina Sanabria. Sanabria, de opaca gestión al frente de una institución de superlativa relevancia para el momento que estamos viviendo, finalmente terminó renunciando al cargo, ante una andanada de críticas de diferentes sectores de la comunidad. El incidente Pont, sin embargo, no fue la primera pifiada del “equipo” instalado para administrar el sistema de salud pública en el departamento. Este “grupo” está integrado por la ahora renunciante directora regional como mascarón de proa, complementado con un “asesor”, una especie de “ministro sin cartera” de la VII Región, el odontólogo Juan Lichi, y una hermana del diputado, la odontóloga Jazmín Soroka, como coordinadora de la zona 7 Itapúa del Instituto de Previsión Social (IPS). La primera pifiada fue cuando, apenas iniciada la crisis, en abril del año pasado, el entonces director del hospital del IPS, doctor Juan María Martínez, es forzado a renunciar. El médico había asumido una posición “políticamente incorrecta” para el equipo, con sus exigencias de insumos, medicamentos y equipos de bioseguridad para el personal de blanco que debía enfrentar en primera línea el temporal que se avecinaba. El propósito de reemplazar a Martínez por otro cercano del “equipo”, el doctor Martín Preda, fracasó ante la inesperada y atípica reacción de médicos, enfermeras de la institución. El fallido intento de acuerdo entre el Hospital Pediátrico Municipal (HPM) y el Ministerio de Salud Pública es otro ejemplo de manejo mezquino y afán de oportunismo político de los actores con capacidad de decisión intervinientes. La lucha por el poder es una condición inherente a la actividad política. El problema surge cuando la confrontación se hace carente de ética, de honestidad de propósitos y ausencia de compromiso con el bien común. Si la política, el poder, son herramientas para construir o transformar una realidad social, seamos cuidadosos entonces, de a quién entregamos esas herramientas. Las consecuencias, como estamos observando a diario, pueden ser de vida o muerte.