El Estado envía alegatos a Corte IDH y rechaza la demanda de Ríos Ávalos
El Estado remitió ayer los alegatos finales en el juicio promovido por el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Ávalos, destituido en un juicio político en el 2003. El exmagistrado demandó al país, reclamando volver al cargo e indemnización. La Procuraduría rechaza la pretensión.
El procurador Caballero confirmó a ABC que se remitieron ayer los alegatos finales de la defensa en el marco de la causa titulada “Bonifacio Ríos Ávalos y otros contra el Estado paraguayo”, que se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Caballero refirió que los escritos se enviaron en el plazo establecido por la Corte IDH.
El pasado 3 de marzo culminaron en San José de Costa Rica las audiencias en el caso por medios telemáticos, presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito (costarricense).
De acuerdo al proceso de la Corte IDH de la OEA, el Estado paraguayo, los demandantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenían el plazo hasta el 2 de abril de 2021 para presentar sus alegatos finales, escritos y observaciones finales, respectivamente, en relación con el fondo de la cuestión, y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso.
Caballero aseveró que no se admitirá que ninguna persona cesada en las funciones de una alta magistratura regrese a sus funciones “como si nada haya pasado”.
El procurador cuestionó que la CIDH, que tiene sede en Washington DC, Estados Unidos de América, pretenda eliminar la figura del juicio político consagrada en la Constitución Nacional.
Sobre ese punto, Caballero ratificó que la Carta Magna prevalece ante un tratado internacional y que “eso no se tocará”. Recordó que países europeos dejaron en claro los “límites” a los tribunales internacionales para “hacer valer sus normativas esenciales como la Constitución”.
Agregó que en el propio informe de la CIDH se menciona que Paraguay obró bien en el procedimiento de juicio político. “El informe de fondo de la Comisión dice textualmente que el Estado paraguayo no es responsable de haber violado el derecho de haber oído o el derecho de defensa”, manifestó.
Antecedentes
El exministro de la Corte, Ríos Ávalos, exige que se lo restituya en el cargo del que fue removido a través de un juicio político en el Senado, que culminó en el 2003.
En el mismo juicio fue también destituido Carlos Fernández Gadea (fallecido en 2010). Ríos Ávalos y los familiares de Fernández Gadea también solicitan un resarcimiento económico (salarios caídos), monto que se mantiene en reserva.
El procurador Caballero dijo que el Estado paraguayo respetó el debido proceso y no violó el derecho “a ser oídos ni el derecho a la defensa de las alegadas víctimas”.
En consecuencia, pide que la demanda sea rechazada por improcedente. Ríos Ávalos apuntó al ahora expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos (20032008) de gestar su destitución. Dijo que Duarte Frutos lo presionó para que apoyase la reelección vía enmienda, la cual era inconstitucional.
Contó que lo amenazó con iniciar una campaña inmisericorde contra él y sus colegas de la máxima instancia. Recordó que Duarte Frutos prometió en campaña que pulverizaría la Corte.
Insistió en que en el juicio político se violaron varias garantías, lo que será analizado por Corte IDH, organismo de la OEA.