Legisladores colorados insensibles a las inquietudes ciudadanas.

En las últimas semanas, los legisladores de la bien organizada ANR, que tendría ojos y oídos incluso en los barrios de los 256 municipios, demostraron estar ciegos y sordos en un par de importantes cuestiones tratadas en el Congreso, y que son de enorme interés de la gente. En efecto, sus diputados dieron largas al proyecto de ley que castiga a los “empresarios” del transporte público que apelan a las criminales reguladas para que aumente el subsidio o el precio del pasaje, y aceptaron el veto del Poder Ejecutivo a la transparencia de los “gastos sociales” de las entidades binacionales. Por su parte, sus senadores dilataron el estudio de la iniciativa que anula los groseros aumentos salariales en favor de numerosos funcionarios de la Cámara que integran. En ninguno de estos casos, que tanto indignan a la ciudadanía, hubo distinción alguna entre abdistas y cartistas. Unos y otros optaron por abandonar la defensa del interés general, desoyendo el reclamo generalizado de sus conciudadanos.

Un buen Gobierno presupone tener cierta idea de lo que se debe hacer desde el Estado en favor del bien común, atendiendo no solo las demandas del presente, sino también las que pudieran surgir en el futuro. En el sistema democrático, los lineamientos generales de esa concepción se reflejan en los programas sometidos periódicamente a la consideración del electorado. Ellos deben responder tanto a las inquietudes de la población como a lo que se pueda lograr con los recursos disponibles. La tarea gubernativa exige fijar prioridades, demostrando no solo tener un conocimiento cierto de las necesidades de lo que la sociedad reclama, sino también un sentido de responsabilidad que obliga a atender que la satisfacción inmediata de alguna de ellas no tenga, a mediano o largo plazo, efectos nocivos, como una gran inflación o un alto endeudamiento. Resulta inmoral hacer promesas de cumplimiento imposible con el fin de ganar votos, pero también es reprochable que se trate de cumplirlas a costa de las finanzas públicas y, tarde o temprano, de los bolsillos de los contribuyentes.

A la postre, el populismo tiene siempre consecuencias nocivas, incluso para aquellos a quienes se buscaría favorecer. En vez de administrar la cosa pública conforme a encuestas o a reclamos de grupos de presión, muchas veces incompatibles entre sí, hay que tomar decisiones, aunque sean dolorosas, fundadas en el entendimiento y en el interés general. Dicho lo cual, es imprescindible que los gobernantes, aparte de estar bien informados acerca de la situación del país, tengan cierta sensibilidad en cuanto al estado de la opinión pública. No deben encerrarse en una torre de marfil, desde la que no se percibe lo que el común de los ciudadanos espera en general de su gestión y, en particular, con respecto a algún tema de notable actualidad. Empero, en las últimas semanas, los legisladores de la bien organizada ANR, que tendría ojos y oídos incluso en los barrios de los 256 municipios, demostraron estar ciegos y sordos en un par de importantes cuestiones tratadas en el Congreso, y que son de enorme interés de la gente.

En efecto, sus diputados dieron largas al proyecto de ley que castiga a los “empresarios” del transporte público que apelan a las criminales reguladas para que aumente el subsidio o el precio del pasaje, y aceptaron el veto del Poder Ejecutivo a la transparencia de los “gastos sociales” de las entidades binacionales. Por su parte, sus senadores dilataron el estudio de la iniciativa que anula los groseros aumentos salariales en favor de numerosos funcionarios de la Cámara que integran .En ninguno de estos casos, que tanto indignan a la ciudadanía, hubo distinción alguna entre abdistas y cartistas. El internismo cedió ante el común deseo de los senadores de congraciarse con la clientela política y el de los diputados de lograr en los próximos comicios municipales el apoyo logístico de los chantajistas del transporte público y el monetario de Itaipú y Yacyretá. En tiempos de pandemia, unos y otros optaron por abandonar la defensa del interés general, desoyendo el reclamo generalizado de sus conciudadanos. Prefieren que los pasajeros sigan arriesgando sus vidas en unos buses repletos debido a la reducción de las frecuencias, que los “gastos sociales” sigan manejados discrecionalmente por los jerarcas de las entidades binacionales, y que sus paniaguados embolsen cada mes millones de guaraníes adicionales. No ignoran lo que la gente siente ante tanta desvergüenza, pero estiman que, a la hora de la verdad, podrán continuar sacando provecho –paradójicamente– de las necesidades insatisfechas por culpa de la corrupción, de la ineficiencia. Si la sanidad es desastrosa, ganarán votos repartiendo fármacos o consiguiendo camas; si la educación pública es pésima, sacarán partido de la ignorancia del electorado; si hay inundaciones recurrentes, se harán populares repartiendo chapas. Así funciona “la política” para estos desfachatados.

En verdad, a la ANR le favorece que se gobierne tan mal. Por supuesto, lo que se puede afirmar de sus legisladores también vale para los otros colorados que ejercen cargos electivos, desde el jefe del Poder Ejecutivo hasta el último concejal municipal. Todos ellos saben lo que pasa, pero sus muy personales prioridades no coinciden con el interés nacional. Según una larga experiencia, ni el latrocinio ni el prebendarismo les impiden conquistar y conservar el poder, porque suelen tener la maestría de estar al mismo tiempo en el Palacio de López y en la “oposición”: son numerosos los compatriotas que aún creen que la mejor alternativa es otro colorado que criticó al Gobierno con aparente dureza, como supo hacerlo Mario Abdo Benítez entre 2013 y 2018. Ocurre así que la ANR nunca es responsable de nada y que sus dirigentes, cualquiera sea el bando al que pertenezcan, creen que no es necesario tener en cuenta lo que la ciudadanía sienta en un momento dado: si las limosnas oportunas no bastan, allí están el color y la polca para reforzarlas.

Pese a todo, no se debe perder la esperanza de que, más temprano que tarde, crezca el número de ciudadanos hartos de ser atropellados por unos personajes que ni siquiera responden ante su conciencia, por la simple razón de que carecen de ella. Ese fastidio extendido debe expresarse no solo en las calles y en las redes sociales, sino también –y sobre todo– en las urnas. La ANR no debe seguir ignorando a la sociedad, sin ser sancionada democráticamente.