Hacienda insiste en reformas, pero no presenta proyectos al Congreso
El Ministerio de Hacienda dio a conocer ayer el informe “Paraguay ante la Pandemia, ¿Qué se está haciendo?”, que resume los efectos de la crisis y reitera la necesidad de una reforma del Estado, que no pasa de anuncios.
El informe corresponde al volumen 3, edición marzo de 2021, que recoge las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la crisis generada por la pandemia del covid-19, el endeudamiento público, las proyecciones de crecimiento para este año, las medidas aplicadas en el Mercosur y los instrumentos utilizados por nuestro país al cierre de 2020.
Además, como se hizo en la segunda edición de julio del año pasado, se insiste con el plan de recuperación económica “Ñapu’ã Paraguay” que se viene implementando y uno de sus principales componentes, que es la reforma del Estado, en donde poco o nada se avanzó hasta ahora a pesar de las promesas del Gobierno de Mario Abdo Benítez.
El informe, entre otros puntos, habla de la necesidad de hacer frente a los desafíos de la pandemia y sostiene la economía en crisis que llevó al estado paraguayo a través de la Ley de Emergencia a obtener el financiamiento necesario y oportuno, que significó un esfuerzo fiscal sin precedentes en los últimos
30 años.
“En esa línea si bien el nivel de endeudamiento sigue siendo sostenible y entre los más bajos de la región, es necesario volver a la senda fiscal equilibrada, para lo cual el Ministerio de Hacienda está impulsando un plan de retorno gradual a la meta del déficit fiscal”, agrega.
Reconoce que para ello es fundamental avanzar en las reformas, sobre todo en lo que tiene que ver en la calidad del gasto público, en temas como el ordenamiento salarial, compras públicas y las estructuras del Estado, que nos permitan proyectar un presupuesto público previsible y estable, indica.
En este proceso, sin embargo, a pesar de los reiterados anuncios realizados desde el Gobierno, no solo no se enviaron los proyectos a consideración del Congreso, sino por el contrario se siguen creando instituciones, sumando cargos y nombramientos de funcionarios, aumentando salarios, entre otras medidas totalmente opuestas a lo que se viene pregonando.
El Ejecutivo no tiene aún el proyecto de reestructuración del Estado que en teoría, según el material, mejorará la capacidad y gestión del Estado, evitará la superposición de funciones hacia un mejor servicio a la ciudadanía.
Otro proyecto clave, atendiendo las numerosas denuncias de corrupción en los actos de licitación, que se intensificaron en este etapa de pandemia en Salud Pública, es el proyecto de compras públicas.
El mismo sigue sin ser presentado al Congreso para su estudio a pesar de los reiterados anuncios que se vienen realizando desde el año pasado.
Según el documento, la idea es contar con un sistema de compras públicas más dinámico, transparente y competitivo.
También se hace mención de otros dos proyectos que sí ya están en el Congreso: función pública y el servicio civil, cuyo estudio no avanza porque estamos en tiempos electorales; además, la ley de responsabilidad fiscal 2.0.
Este proyecto que modifica la ley de responsabilidad vigente propone un tope de deuda pública del 40% del PIB y autoriza a incrementar por encima del referido límite en forma temporal para financiar el déficit, cuando se apliquen las reglas de excepción. En este caso, también el déficit fiscal podría ir hasta 3% del PIB.
La deuda pública al mes de enero asciende a US$ 12.789,6 millones, ya equivale a 35,2% del PIB; en tanto el déficit fue 6,2% en 2020 y este año se prevé 4%, por encima del 1,5% establecido en la ley.