Querella a periodista, irregular desde inicio
La jueza Olga Elizabeth Ruiz González admitió una querella por difamación, calumnia e injuria contra el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, pero nunca lo notificó de la apertura del proceso. Hoy nuestro compañero debe comparecer sin saber de qué
Nuestro compañero de tareas debe acudir hoy a las 08:00 a una audiencia de conciliación fijada por la magistrada Ruiz González en el marco de una querella sobre cuya admisión nunca fue notificado, lo que deja en situación de indefensión al comunicador.
Ruiz González debería haber notificado a Lezcano sobre la admisión de la querella presentada por la firma Green SA, propiedad de Hugo Wilson Armoa. Sin embargo, la misma no corrió parte, por lo que el comunicador ni sus abogados pudieron interiorizarse de lo que consta en la acción judicial presentada.
La firma Green SA, de Hugo Wilson Armoa, presentó una querella contra el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, por las publicaciones de nuestro compañero sobre una licitación para la compra de un software por unos US$ 6 millones para el Instituto de Previsión Social.
La firma representada por Hugo Wilson Armoa presentó la querella por los supuestos hechos de calumnia, difamación e injuria, contra nuestro compañero de tareas.
La previsional estuvo a punto de entregar el contrato a la firma Green SA en dos oportunidades, pero el proceso fue parado en ambas ocasiones por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En la segunda oportunidad, el Consejo de Administración de la previsional anuló todo el proceso basado en un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que alertaba sobre varias irregularidades.
Direccionado, según CGR
En marzo pasado, la CGR había remitido una nota al presidente del IPS, Vicente Bataglia Araújo, en la que reconfirmó lo que ya se había señalado en un informe de diciembre del año pasado sobre el proceso de licitación para la adquisición de un sistema informático para los hospitales de la institución asentados en el departamento de Alto Paraná.
En esa oportunidad, la entidad de control había señalado categóricamente que el proceso por el cual la previsional pretendía gastar casi G. 40.000 millones violentaba el derecho a la igualdad y competencia de la Ley 2051 “De Contrataciones Públicas”. Básicamente, alertaba sobre un posible direccionamiento, pues lo establecido en el pliego de bases y condiciones podía ser cumplido única y exclusivamente por una empresa.
“En el pliego de bases y condiciones se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, dice taxativamente una de las observaciones realizadas por la Contraloría General al proceso de compra de un sistema informático encarado por el Instituto de Previsión Social.
El informe había sido enviado al IPS ya el 3 de diciembre del año pasado.
A pesar de las advertencias de la CGR, la previsional, encabezada entonces por Andrés Gubetich Mojoli, decidió adjudicar casi 20 días después a la firma Green SA, de Hugo Wilson Armoa.