Decisión equivocada e injustificable, dice Barreto sobre bonificación extra
El exministro de Hacienda César Barreto calificó de decisión equivocada e injustificable que la cartera fiscal haya pagado una bonificación extra, de más de G. 2 millones a los funcionarios de la institución.
“Es una decisión equivocada que ratifica la situación privilegiada que tiene una parte de los funcionarios públicos cuando las autoridades deciden cómo distribuir los escasos recursos que tiene el Estado”, dijo ayer Barreto a ABC.
Hacienda, con la autorización del ministro Óscar Llamosas, pagó el último lunes una bonificación extra bajo la denominación de “Subsidio Familiar” equivalente al salario mínimo a todos los funcionarios de la institución, permanentes y contratados.
El subsidio de G. 2.192,839 benefició a unos 1.500 funcionarios de todas las dependencias de la cartera fiscal, con un costo de más de G. 3.289 millones (US$ 530.000) financiados con los impuestos honrados por los contribuyentes tras un duro año económico debido a la pandemia, con una perspectiva de menor crecimiento para el presente ejercicio y un complicado panorama por la falta de vacunas anticovid.
Barreto puntualizó que “no se toma en consideración la endeble situación de las finanzas públicas, con un altísimo déficit fiscal que se está financiando con deuda externa” y tampoco se considera priorizar esos recursos a las necesidades de la salud pública.
Según los datos de Hacienda, el año pasado las finanzas cerraron con un déficit del 6,2% del PIB, este año el saldo rojo será de 4% y la deuda a marzo ya sumó US$ 13.046,4 millones (ver infografías).
A su criterio, el pago de la bonificación “es una señal absolutamente contraria a las penurias económicas que están pasando miles de trabajadores cuyos ingresos se redujeron sustancialmente o, incluso, han perdido sus fuentes de ingresos a causa
Trabajadores privados
En el sector privado, sin embargo, los comercios formales cierran sus puertas por las nuevas restricciones establecidas por el Gobierno y los trabajadores quedan sin puestos laborales, mientras apremian las deudas.
Los trabajadores suspendidos o cesados perciben apenas el 50% del salario mínimo (G. 1.096.419), en el Instituto de Previsión Social (IPS) y los cuentapropistas que operan en horario nocturno vendiendo lomitos y panchos son obligados por la Policía a cerrar para cumplir con las restricciones.
A eso se suma que los hospitales siguen sin medicamentos para atender y los familiares de pacientes por covid internados continúan organizando rifas, polladas y se desprenden de sus casas, autos u otros bienes para solventar los remedios.