No quieren desprenderse de la vaca lechera.

Después de una enorme e inusitada resistencia, reveladora de la importancia superlativa que estos recursos tienen para el coloradismo, el presidente Mario Abdo Benítez se vio obligado a promulgar, el pasado 26 de abril, la ley que reorienta los US$ 150 millones de gastos sociales de Itaipú y Yacyretá a la salud. Está claro que los gobernantes colorados seguirán tratando de impedir que todos los recursos vayan a salud, y el jefe del Gabinete Civil y asesor jurídico de la Presidencia, Hernán Huttemann, ya remarcó que la reglamentación buscará salvaguardar los programas de asistencia social que son solventados por dichos fondos. La ciudadanía y los integrantes decentes del Congreso que lograron la aprobación de la ley deben ejercer la máxima vigilancia sobre el proceso de reglamentación, porque los oficialistas harán lo posible para no desprenderse de la productiva vaca lechera.

Después de una enorme e inusitada resistencia, reveladora de la importancia superlativa que estos recursos tienen para el coloradismo, el presidente Mario Abdo Benítez se vio obligado a promulgar, el pasado 26 de abril, la ley que reorienta los US$ 150 millones de gastos sociales de Itaipú y Yacyretá a la salud. La nueva Ley 6729 “destina los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá correspondientes al lado paraguayo, sean utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia del covid 19”. En el mismo acto en que se anunció la promulgación de la norma, Hernán Huttemann, jefe del Gabinete Civil y asesor jurídico de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo trabaja en la reglamentación de la ley (tenían plazo de diez días) para poder implementarla. Está claro que los gobernantes colorados seguirán tratando de impedir que todos los recursos vayan a salud, y el propio funcionario remarca que la reglamentación buscará salvaguardar los programas de asistencia social que son solventados por dichos fondos. Es muy interesante ejemplificar acá en qué se usan algunos de esos recursos: clubes deportivos en Atyrá, departamento de Cordillera, donde el director paraguayo de Yacyretá y expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, tiene su casa quinta; comisiones directivas de varias entidades cuyos fines son absolutamente particulares; parroquias e institutos varios de la Iglesia Católica; fundaciones diversas y un largo etcétera de beneficiarios llamativos e indebidos como los mencionados. De lo señalado por Huttemann se puede entender que los encargados de reglamentar la ley serán los mismos que han dilapidado en sus amigos los recursos que necesitaba el desarrollo social del Paraguay. Cabe esperar que los legisladores usarán la vía reglamentaria para desvirtuar totalmente la norma, lo cual tiene una larga tradición en nuestro país. Pero además de eso, usarán la vía reglamentaria para ganar tiempo, a fin de montar el espectáculo de marketing de “gente pidiendo” volver a lo anterior, como el caso del aparato electoral de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado en Misiones, usando todo el aparato público para movilizar a sus clientes en ese sentido. El gobernador Carlos Arrechea movilizó, en efecto, a cientos de pobladores el pasado 27 de abril, para bloquear la Ruta PY01 en Santa María y exhibir lo que denominó “reclamo popular” en contra del uso de los fondos de las binacionales para combatir al covid-19. Los senadores liberales Abel González y Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez también presentaron un proyecto de ley para destinar G. 2.500 millones de esos fondos a la Gobernación de Amambay “para la compra de medicamentos”, proyecto que no establece un mecanismo de control para garantizar que esos recursos sean utilizados correctamente, en pleno año electoral. Y, finalmente, cabe sospechar también que usarán la reglamentación para impedir una auditoría sobre cómo han repartido el dinero y cómo lo han usado sus beneficiarios, para tratar de hacer ver que ya no quedan recursos disponibles, pues es un hecho que a los oficialistas la salud pública les interesa solamente cuando ven en ella oportunidades para negociados. Ninguno de los fondos mencionados más arriba tiene auditoría pública. Los pedidos que se han presentado para que el pueblo conozca el destino de dichos fondos han sido sistemáticamente negados por los directores paraguayos de las binacionales. Y, ahora que se pretende dar a ese cuantioso monto de dinero un destino auspicioso, los directores de las entidades sostienen que solo quedan US$ 20 millones disponibles y que el resto está comprometido. El propio jefe de Gabinete no logró responder a cuánto asciende lo disponible, información que debería tener de primera mano cualquier Gobierno que enfrenta una crisis como la que vivimos. La ciudadanía y los integrantes decentes del Congreso que lograron la aprobación de la ley deben ejercer la máxima vigilancia sobre el proceso de reglamentación, porque la experiencia indica que del Gobierno solo puede esperarse más trampas y más mentiras. Hará lo posible para no desprenderse de la productiva vaca lechera.