Aduaneros cobraron plus de hasta G. 10 millones
Cerca de 1.100 funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) recibieron pagos extras por ayuda alimenticia y escolaridad por hijos menores en marzo último. Algunos recibieron G. 2.000.000, y los más afortunados hasta G. 10.000.000. Estos beneficios adicionales, pagados por el Estado, alcanzaron G. 3.868 millones (US$ 595.076) en un solo mes en dicha institución.
La Dirección de Aduanas también se suma a otras instituciones del Estado con Hacienda, BCP y el Congreso que otorgaron pagos extras y beneficios adicionales a sus funcionarios en plena crisis y a contramano con las políticas de austeridad de las que se viene hablando para reducir el déficit.
Las bonificaciones pagadas en este caso por la Dirección de Aduanas en el mes de marzo corresponden por un lado a un subsidio por “ayuda alimenticia” equivalente a un salario mínimo de G. 2.192.839; y ayuda por escolaridad establecida en G. 2.000.000 por cada hijo menor que tenga el funcionario, según se puede observar en la nómina de personal permanente y comisionado que obra en el portal digital de la institución.
De acuerdo con los registros oficiales, 1.103 funcionarios recibieron como mínimo el pago extra de ayuda alimenticia equivalente al salario mínimo de G. 2.192.839. Por este concepto, el gasto llega a
G. 2.418 millones (US$ 372.107).
Por otra parte, la escolaridad por hijo alcanzó a 456 funcionarios en el mismo mes, quienes recibieron además de la ayuda alimenticia (G. 2.192.839), entre G. 2.000.000 y G 8.000.000 cada uno, dependiendo de la cantidad de hijos.
Al cotejar la nómina correspondiente al mes de marzo último, se encontró que al menos 11 funcionarios recibieron en concepto de escolaridad de hijo G. 8.000.000, 39 funcionarios recibieron G. 6.000.000, 158 funcionarios cobraron G. 4.000.000 y 248 percibieron G. 2.000.000 cada uno. Este beneficio costó a las arcas del Estado
G. 1.450 millones (US$ 223.076). Pagos en distintos entes
Los pagos extras se dieron ya desde el inicio del año en diversos sectores: Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Ministerio de Hacienda y Banco Central del Paraguay (BCP), Aduanas y se estima que hay más,
El inicio se dio en el Senado, cuando su presidente Óscar Salomón (ANR-Añetete) otorgó un aumento de entre G. 3 millones y G. 8 millones a los funcionarios, que luego por las presiones ciudadanas se redujo levemente. Luego en Diputados, cuyo titular Pedro Alliana (ANR-Cartista) dispuso que los 80 legisladores perciban G. 3.500.000 en cupos de combustibles.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda otorgó una bonificación extra equivalente al salario mínimo de G. 2.192.839 a unos 1.500 funcionarios. Siendo el costo total para los contribuyentes de
G. 3.289 millones (US$ 506.000).
En tanto que el BCP tampoco se quedó fuera en la repartija de los pagos extras a sus 747 funcionarios, quienes recibieron en febrero G. 9 millones cada uno y en marzo ayuda escolar de G. 2.192.839 por cada hijo menor.
Entre los dos conceptos
alcanzaron G. 7.484 millones (US$ 1,1 millón).
Desde Hacienda y Banco Central justificaron los pagos adicionales, alegando que los mismos están autorizados por la Ley 6672 del Presupuesto vigente para este 2021. Fuertes críticas
La ola de críticas e indignación de la gente no se hizo esperar. Los ciudadanos cuestionaron a través de las redes sociales que consideran injusto que los funcionarios públicos reciban estos pagos extraordinarios, sobre el salario fijo que perciben considerando la crisis actual, consecuencia de la pandemia. No hay recursos para medicamentos, no hay camas en los hospitales; además, las empresas acumulan millonarias pérdidas, otras quebraron, y con pico alto de desempleo. En cuanto a los trabajadores que fueron suspendidos en sus puestos laborales reciben del IPS apenas el 50% del salario mínimo, de G. 1.096.419.
El economista y exministro de Hacienda César Barreto
indicó que estos pagos, especialmente en Hacienda, constituyen una decisión equivocada que ratifica la situación privilegiada que tiene una parte de los funcionarios públicos en la hora que sus responsables deciden distribuir los escasos recursos del Estado.