Hijo del juez Ovelar “legalizó” compra irregular de los tapabocas de oro
Marcelo Rubén Ovelar González, hijo del juez Elio Rubén Ovelar y la fiscala anticorrupción Marlene González, fue acusado de lesión de confianza en la adquisición de mascarillas en Dinac. Según la Fiscalía, el exdirector de contrataciones fue quien le otorgó un ropaje legal a la compra irregular de 4.000 tapabocas a G. 35.000 cada uno.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Sussy Riquelme y Juan Ledesma presentaron el viernes último la acusación y pedido de juicio oral y público, por lesión de confianza, para el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo (ANR) y otras seis personas, entre ellas, Marcelo Rubén Ovelar González, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la citada entidad.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los siete acusados montaron un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”. Puntualiza que este esquema delictivo no solo posibilitó desviar los fondos públicos, sino también causó un perjuicio al patrimonio de la Dinac.
La acusación detalla que Marcelo Ovelar González, hijo
del juez de sentencias Elio Rubén Ovelar y la fiscal anticorrupción Marlene González, en su carácter de coordinador de la UOC de la Dinac, elaboró el pliego de bases y condiciones y emitió el dictamen Nº 10/20, en el cual refirió que la unidad a su cargo “considera pertinente llevar adelante el procedimiento para la contratación por la vía de la excepción para lo cual se recomienda se dicte la resolución pertinente salvo mejor parecer”.
Los fiscales acusadores sostienen que con la emisión de este dictamen, que daba por acreditada la aplicación del procedimiento por vía de la excepción para el llamado, Marcelo Ovelar posibilitó al entonces titular de la Dinac Édgar Melgarejo autorizar la compra directa de tapabocas de un solo oferente, en este caso, de la firma Proyectos Global SA, para la lucha contra el covid-19.
Sin embargo, de la lectura del contenido del dictamen la
Fiscalía advierte que los supuestos argumentos para justificar la excepcionalidad del llamado consiste en la transcripción de las distintas disposiciones legales que regulan la materia, así como la cita de los distintos decretos del Poder Ejecutivo que hacen alusión a las directrices asumidas por el Gobierno Nacional con respecto a las medidas preventivas adoptadas ante el riesgo de expansión del coronavirus.
El escrito de acusación resalta que “la situación de urgencia impostergable sostenida por el Abg. Marcelo Ovelar, en su carácter de coordinador de UOC, no fue justificada, de manera tal que se pudiera advertir que, de haberse llevado a cabo un procedimiento ordinario o complementario, iba a representar un grave perjuicio a los intereses públicos”.
Para el Ministerio Público el acusado Marcelo Ovelar, con la emisión del dictamen de UOC, brindó al titular de la Dinac Édgar Melgarejo la herramienta legal para justificar la presentación de una sola oferta, realizada por la firma Proyectos Global SA, que ofrecía la provisión de los tapabocas por un precio superior al valor de mercado y, de esa manera, evitar que exista un comparativo de propuestas de provisión del mismo producto con precios más acordes con el valor del mercado, pues, de no existir esa supuesta excepcionalidad debería invitar a cinco potenciales oferentes, como coordinador de la UOC.
La Fiscalía agrega que fue Marcelo Ovelar González el que convalidó el precio referencial presentado por la
Lic. Luz Chamorro, gerente interina administrativa de la Dirección de Aeropuerto, en donde se indicó que el precio unitario de las mascarillas sería de G. 35.000 y que el costo de cuatro mil barbijos representaría la suma total de G. 140 millones.
Al respecto, los agentes fiscales indican que de esta documentación no se desprende cuál fue la fuente objetiva que demuestre de dónde se obtuvo ese valor, tal como exige el artículo 3 de la Resolución Nº 411/2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que Ovelar omitió esa tarea con el propósito de posibilitar al acusado Édgar Melgarejo la adjudicación del llamado por un costo superior a lo comercializado en el mercado.
La acusación añade que de igual modo, con el propósito de darle un ropaje legal al legajo y colaborar con el titular de la Dinac, Ovelar no estableció siquiera requisitos mínimos que permitan acreditar que el oferente tenga relación con el objeto del contrato e invitó a una sola firma (Proyectos Global SA) que no poseía antecedentes de contratos suscriptos con el Estado ni de haber firmado con entidades privadas.