El robo “legalizado”
Una propuesta para legalizar el robo planteada por el diputado esteño Jorge Brítez causó revuelo y rechazo ciudadano, y con justa razón. Pero, en la práctica la sustracción de la cosa ajena está “legalizada” desde hace años para un cierto sector: el de las autoridades corruptas.
Es una claque compuesta por integrantes de los tres poderes del Estado, que en la función pública acumulan fortunas que no condicen con sus ingresos. Conforman una cofradía en la que reina la componenda para la salvación recíproca de la cárcel.
La “Ley Robin Hood” está ideada para los afectados por las restricciones de pandemia, según el diputado Brítez quien mencionó que habrá “límite” en el monto para el robo y solo procedería contra los detentores de riquezas espurias. Hizo referencia al clan Zacarías, cuyos miembros están envueltos en varias causas judiciales por corrupción.
Precisamente, un caso que involucra al senador Javier Zacarías Irún y a su esposa Sandra McLeod, ambos exintendentes de Ciudad del Este, sugiere que el saqueo está permitido en Paraguay y que no tiene sanción alguna. Según la Fiscalía, el matrimonio Zacarías-McLeod desvió G. 3.700 millones de la Municipalidad esteña y deben ser juzgados. No obstante, para la jueza Cinthia Garcete y las camaristas Juliana Giménez y Mirian Meza de López no hay evidencias válidas contra la pareja, ya que las pruebas ofrecidas por los fiscales fueron obtenidas de forma irregular.
En esta contradicción entre magistrados y fiscales queda flotante un interrogante: ¿quién es el responsable del blanqueo de los acusados por el presunto saqueo de las arcas públicas? El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados revisó la actuación de las juezas y fiscales y concluyó que nadie tiene responsabilidad en el caso. De esta forma se cierra el círculo elegantemente y se confirma que el robo “está permitido”.
La lupa de la justicia solo alcanza a algunos, mientras la mayoría se retiró o sigue impunemente en la administración pública.
El exintendente de San Alberto Romildo Maía (ANR), acusado de desviar unos G. 5.000 millones, es la única exautoridad pública sancionada por corrupción en Alto Paraná. Pero nunca cumplió la condena (está prófugo) y se declaró insolvente tras transferir todos sus bienes para evitar la devolución de los recursos sustraídos.