Piden identificar a dueños de las líneas telefónicas
Los diputados Walter Harms (ANR, cartista) y Fernando Oreggioni (PLRA, efrainista) presentaron esta semana dos proyectos de ley que buscan regular la habilitación de líneas telefónicas. Plantean multas de G. 42 millones.
El diputado Harms afirma que la activación de los chips telefónicos continúan realizándose de manera informal e insegura, y que muchas veces de forma inescrupulosa en los diferentes puntos de venta, sin que se tengan en cuenta las mínimas garantías legales.
Con el proyecto de ley, según el diputado cartista, se busca resguardar el uso indebido de identidad por parte de terceros. Plantea que las telefonías exijan al usuario los datos personales del solicitante y cuando la activación sea solicitada a través de una tercera persona, esta deberá estar autorizada por el titular mediante carta poder con certificación de firma ante escribano público.
También obliga a las empresas telefónicas que antes de proceder a la activación de la línea de celular solicitada corrobore la veracidad de los datos.
En caso de incumplimiento de la norma por parte de las empresas telefónicas, estas serán multadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con un equivalente a 500 jornales diarios (G. 42.170.000).
Inscripción biométrica
Por su parte, el diputado liberal Oreggioni propuso un proyecto de ley que establece el registro biométrico como requisito de identificación del usuario para la habilitación de servicio de telefonía móvil. Según el proyectista con la norma se buscar mejorar la extrema vulnerabilidad de los registros de identificación de usuarios en las solicitudes de habilitación.
La norma plantea como requisito la utilización del registro biométrico para la habilitación de servicio de telefonía móvil. Plantea que se habilite un sistema de registro online, en tiempo real. Además del registro biométrico piden entre otros datos grupo sanguíneo, número de registro de conductor y el municipio otorgante. No serán atendidas solicitudes de servicio de telefonía móvil a personas que se encuentren en reclusión con condenas firmes y ejecutoriadas.
El Ministerio de Justicia publicará mensualmente el listado de altas y bajas de internos alojados en las diversas unidades de reclusión, según la propuesta.
Por último establece que la Fiscalía o la Policía Nacional, con conocimiento de la autoridad judicial competente, podrá solicitar el bloqueo o la intervención temporal de una o más líneas, cuando existan indicios de la comisión de un hecho punible.