Eternos facinerosos del transporte público.
El importe de todo subsidio, sea que consista en una “tarifa social” o en la entrega de dinero contante y sonante, recae, en última instancia, sobre todos los contribuyentes. Aparte de su financiamiento, genera el serio problema de que se presta al fraude, esto es, que lo reciba quien no reúna las condiciones exigidas para concederlo, gracias a sus buenas relaciones con quienes ejercen algún cargo público. Se trata de un delito frecuente, pese a que el Código Penal castiga con multa o con hasta cinco años de cárcel la “adquisición fraudulenta de subvenciones”, pena que aumenta hasta diez años cuando el autor se vale del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición. Un caso especial, de larga y penosa vigencia, que empezó en 2012, es el subsidio al transporte público de pasajeros en la Gran Asunción, financiado por los contribuyentes de todo el país y cobrado por sinvergüenzas.
En una economía de mercado, lo ideal es que no haya subsidios ni para los productores ni para los consumidores. Los precios de bienes y de servicios deberían responder al libre juego de la oferta y de la demanda, pero en el mundo real suele ocurrir que se recurre a ellos para auxiliar a algún sector de la población que se halle temporalmente en apuros. En principio, dichas prestaciones públicas deberían ser pasajeras, pero tienden a volverse permanentes por razones políticas: los beneficiarios las consideran derechos definitivamente adquiridos y se esfuerzan por conservarlos, a espaldas de los demás.
En efecto, el importe de todo subsidio, sea que consista en una “tarifa social” o en la entrega de dinero contante y sonante, recae, en última instancia, sobre todos los contribuyentes. Aparte de su financiamiento, genera el serio problema de que se presta al fraude, esto es, que lo reciba quien no reúna las condiciones exigidas para concederlo, gracias a sus buenas relaciones con quienes ejercen algún cargo público. Se trata de un delito frecuente, pese a que el Código Penal castiga con multa o con hasta cinco años de cárcel la “adquisición fraudulenta de subvenciones”, pena que aumenta hasta diez años cuando el autor se vale del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición.
Un caso especial, de larga y penosa vigencia, es el subsidio que se viene pagando desde 2012 al transporte público de pasajeros en la Gran Asunción, financiado por los contribuyentes de todo el país y cobrado por sinvergüenzas que, en los últimos meses, han llegado al colmo de apelar al chantaje, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Desde hace años se sabía que declaraban una cantidad de usuarios mayor que la real, habiéndose constatado que a las 8:00 del viernes 23 de octubre de 2020, supuesto primer día del empleo obligatorio del billetaje electrónico, el sistema había sido utilizado por 103.000 personas: es presumible que fue cuantioso el valor del subsidio otorgado en exceso para que no aumente el precio del pasaje. Y bien, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, acaba de informar que también mentían en cuanto al número de buses operativos, pues la implementación del billetaje electrónico reveló que solo circulan 1.239 de los 1.943 reportados. Como los “empresarios” del transporte cobraron 9,4 millones de guaraníes por cada uno de estos, resulta que robaron al fisco más de 6.617 millones de guaraníes por 704 vehículos que no prestaron servicios, incluso por estar sin ruedas. ¡Y esto solo durante tres meses del año en curso! Espanta imaginarse lo que habrían timado desde 2012, cuando se implementó.
El Ministerio Público tiene la palabra. Estos bandidos deben ir a la cárcel y devolver el dinero público que embolsaron mediante el fraude: estafaron a cada uno de los contribuyentes y privaron de recursos al Estado para atender las necesidades de la población. Los mismos que no perdonarían que se viajara sin pagar tuvieron ingresos ilícitos en perjuicio de todos. También tienen que ser perseguidos por la Justicia todos aquellos funcionarios que cerraron los ojos, incumpliendo su deber de controlar, por negligencia o complicidad. No basta con hacer borrón y cuenta nueva, es decir, que en adelante solo se subsidie por la flota operativa y aquí no ha pasado nada: los delincuentes de guante blanco y conciencia negra deben ser sancionados, si los habitantes de este país son iguales ante las leyes. Todos han sido víctimas de unos facinerosos, cuya catadura moral no es superior a la de un vulgar asaltante de caminos. Ni siquiera habrían tenido el coraje o la amabilidad de escuchar el informe del Viceministerio de Transporte, en el que se refería la canallada: abandonaron la reunión minutos después de haberse iniciado.
El Gobierno aún no ha dicho si tratará de recuperar el dinero sustraído. La Procuraduría General de la República tiene la obligación de intentarlo, así como la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción
tiene la de iniciar las pesquisas pertinentes, ante la denuncia de que se cometió, en forma reiterada, un hecho punible de acción penal pública. Convendría, además, que los gremios empresariales digan algo al respecto, para que no se los confunda con estos “colegas”, amigos de lo ajeno: también el sector privado debería depurar sus filas, pues quienes engañan al Estado y lo extorsionan, utilizando a los pasajeros como rehenes, merecen el más amplio repudio social. Y también, desde luego, las autoridades que, a lo largo de los años, han permitido una defraudación tan colosal.
No deben otorgarse, en fin, más subsidios que los estrictamente necesarios y siempre en forma temporal, aplicando rigurosos controles con funcionarios probos. De lo contrario, esta funesta historia habrá de repetirse, en uno u otro ámbito, para mal de todos y para bien de algunos ladrones.