Hay una degradación del combate al contrabando, alertan

“Históricamente registramos inconvenientes para llegar al mercado argentino. Ahora estamos haciendo todos los procesos, vamos a ver si no tenemos nuevas sorpresas más adelante”, afirmó ayer Marco Riquelme, de la empresa Indel, que produce galletitas Mazzei. Fue en conversación telefónica con ABC, tras ser visitado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, quien ayer recorrió la citada industria (ubicada en Villa Elisa) así como la Compañía Cervecera Asunción (Lambaré).

Actualmente, Indel está exportando a Uruguay, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Australia e Islas Mauricio y según lo resaltado por Riquelme, el desafío es entrar a los países vecinos, donde irónicamente, pese al Tratado del Mercosur, establecen más trabas que otros destinos. “Estamos intentando exportar a Argentina y Brasil, que son países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur)”, agregó.

Recientemente, Indel exportó unos 200 pallets de productos a Uruguay, Bolivia, Australia y Venezuela, que se comercializan en los dos primeros países con la marca propia (Mazzei) y los últimos citados, con la marca del importador. En lo referente a la comercialización del mercado interno, según el director, manejan en un 30%, de acuerdo con el reporte enviado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Según los datos, el titular del MIC visitó las instalaciones de Indel y también de la Compañía Cervecera Asunción. Ambas compañías reciben apoyo de Rediex para llegar al mercado de los vecinos países.

También formaron parte de la delegación del MIC el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; la directora Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Estefanía Laterza; y José Agüero Ávila, director de Gabinete del MIC, informó la cartera.

En cuanto a la planta industrial cervecera, los datos del MIC indican que tiene una capacidad de producción de 13 millones de litros por mes y que emplea a unas 145 personas en la fábrica. Además, más de 1.000 personas se benefician de manera directa y cuenta con una cadena de 18 grandes distribuidores.

Otra empresa afectada con la imposibilidad de comercializar sus productos a Argentina es Sueñolar, que desde el año pasado solicita que el Gobierno realice las gestiones necesarias para lograr vender sus productos. Su representante, Ariel Eiros, comentó que el MIC y Rediex realizaron una serie de gestiones, e incluso se envió una nota al Gobierno argentino hace más de un mes y hasta el momento no hay retorno.

En días más se cumple un año que la empresa registra estos inconvenientes y en consecuencia, se ponen en peligro 250 puestos de trabajo y una inversión de US$ 2 millones. “Estamos tratando de aguardar y no despedir gente”, expresó Eiros ayer en conversación con ABC.

Gremios empresariales nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) denunciaron ayer el aumento del ingreso de mercaderías de contrabando, “que pone en riesgo, ahora más que nunca, el empleo formal y las recaudaciones”. A través de un comunicado, sostuvieron que existe una “vertiginosa, y al mismo tiempo peligrosa, degradación en la labor de las instituciones estatales” involucradas en el combate a este flagelo.

En la nota, los gremios pidieron la destitución de los funcionarios involucrados en actividades de contrabando o defraudación, y en forma inmediata ponerlos a disposición de la autoridad fiscal. También exhortan a instituciones como Aduanas, Industria y Comercio, municipalidades, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y Tributación a trabajar en la lucha anticontrabando.

“Recordemos que la pandemia del covid-19 dejó a la economía paraguaya sumida en una crisis, en la que las asimetrías se volvieron más pronunciadas, y que también expuso dramáticamente los efectos de la informalidad sobre la economía local, al obligar al Estado Paraguayo a inscribir a personas en situación de informalidad y presupuestar cuantiosos recursos genuinos y externos para el pago de subsidios a las mismas. Clarísima evidencia de la falta de resultados en las tareas de formalización que se vienen encarando desde hace años”, señala el reporte de los gremios.

Añade que para la recuperación económica real, cualquier acción que no contemple un combate firme al contrabando por parte de todos los organismos involucrados, resultará, a corto plazo, en un “terminante fracaso”.

“Insistimos en que para los gremios y empresas que dan trabajo formal, el combate a la informalidad es vital para la seguridad jurídica y el éxito de las políticas de recuperación económica, como así también para el modelo de país que impulsa el desarrollo que queremos para el Paraguay en los próximos años”, resalta.