Suspenden desalojo por orden del comandante
Procedimientos de desalojo que estaban programados para la mañana de ayer en varias fincas del distrito de Itakyry fueron suspendidos por orden del comandante de Policía Nacional, comisario Luis Ignacio Arias Navarro. Entre los ocupantes se encuentran aborígenes que alardean de tener “contactos” en el Indi y en la Cámara de Senadores.
Entre los invasores se encuentra un grupo de aborígenes ava guaraní identificados como integrantes de la Comunidad Indígena “Ka’a Poty’i”, encabezada por Marta Isabel Díaz de Goncalves. Algunas fincas están ocupadas desde hace más de dos años y otras fueron usurpadas en los últimos meses.
Los propietarios de las fincas responsabilizan al comandante de la Policía Nacional y a las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) del atropello que sufren. Advirtieron que si no se acatan las órdenes judiciales de desalojo actuarían por cuenta propia.
Uno de los inmuebles invadidos está individualizado como Finca Nº 1808 de 16 hectáreas, propiedad de Cayo Raúl Alfonso Vera. Asimismo, cuatro lotes agrícolas con 26 hectáreas, de Pedro Rufino Torrás Maldonado. Ambos afirmaron que adquirieron las propiedades en el año 1992 del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), actualmente Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Luego de varias semanas de recurrir a la justicia, la jueza de Itakyry Emilce González firmó la orden de desalojo, cuyo cumplimiento estaba previsto a temprana hora de ayer. Un importante contingente policial, encabezado por el director de Policía de Alto Paraná, comisario Silvio Leguizamón, se trasladó a la zona para ejecutar el procedimiento.
El contingente fue recibido por un grupo de nativos, entre ellos muchos niños que estaban munidos de bombas molotov, machetes y palos.
Cuando el oficial de justicia Wilfrido Prieto dio lectura al mandamiento ante los líderes de los indígenas, dijeron no reconocer el mandamiento judicial. Además, hicieron alarde de que ya hubo una orden “desde Asunción” para que no se ejecute el desalojo y que no saldrán por las buenas del lugar.
Alegaron que el Indi les otorgó en el lugar una propiedad de 1.364 hectáreas en el año 1996 e ingresaron en la propiedad en el 2018.
Hugo Ramírez, quien habló en representación de los nativos ava guaraní, dijo que son 26 familias que tienen título de la propiedad. Señaló que desde la institución promovieron acciones judiciales para poder recuperar las fincas.
El comisario Leguizamón dijo que recibió instrucciones de suspender el desalojo porque no llegaron los representantes del Indi. Fueron notificados para participar del operativo, tal como lo exige el protocolo, pero no se presentaron, indicó.
Juan de la Cruz Alfonso, uno de los afectados por la invasión, contó que hace más de 30 años reside en el lugar y que cuenta con el título de poco más de siete hectáreas. Lamentó el incumplimiento de la orden judicial.
“Todas las autoridades no valen la pena; en primer lugar nuestro presidente es un gran bandido, lastimosamente el pueblo paraguayo votó por él. Ya tuve un preinfarto a causa de este problema”, expresó Alfonso.