Choferes siguen acampando frente a sede del MOPC
Técnicos cuestionaron la resistencia del Gobierno de Mario Abdo Benítez a facilitar la información generada con el billetaje electrónico, ya que en otros países es de libre acceso. La calificaron como “suspicaz”, más aún porque hay figuras políticas y empresariales de peso detrás de las operadoras del servicio de cobro electrónico.
El director de Transporte de Montevideo, Gonzalo Marquez, confirmó esta semana en una entrevista con ABC que en la capital uruguaya es de libre acceso la información generada a través del cobro electrónico en el transporte público. En cambio, en Paraguay son datos celosamente guardados por el Viceministerio de Transporte, lo que ha generado indignación y duros cuestionamientos de parte de especialistas.
El Ing. Herman Pankow recordó que los expresidentes Juan Carlos Wasmosy y Horacio Cartes están detrás de las empresas operadoras del billetaje electrónico, que son TDP SA (Más) y Epas SA (tarjeta “Jaha”), respectivamente. El pago por el servicio del transporte público es únicamente con las
tarjetas que son vendidas por estas compañías, lo que les representa un gran negocio debido a que se trata de un servicio básico y de uso masivo. En estos momentos, el valor del boleto y la calidad del servicio están en el debate y estos grupos empresariales, que también tienen su peso político, tienen muchos intereses en juego, de acuerdo con lo indicado.
Pankow señaló que los plásticos no requieren identificación y así se pueden validar viajes fantasmas que blanqueen dinero todos los días al simular pasajes. Su sospecha toma fuerza ante la falta de apertura del Gobierno. “Cartes está detrás del negocio, se puede considerar que el billetaje es para lavar dinero”, aseveró.
Andrea Miracca, representante de la firma Epas, fue
Hace una semana que un grupo de choferes acampa frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para exigir que el Gobierno garantice los puestos de trabajo durante la explotación “temporal” de un ramal de la Línea 29 por parte de la empresa Magno SA. Las autoridades no dan respuestas.
Víctor Roa, vocero de los manifestantes, indicó ayer a ABC que hace nueve días se encuentran en la vereda de la sede del MOPC para exigir que se garanticen sus puestos de trabajo durante la explotación temporal del itinerario abandonado por la Línea 29, otorgado a la empresa Magno SA, de Alejandro Zuccolillo. La firma indicó que no existe obligación de absorber a todo
consultada sobre la falta de información sobre el sector. Señaló que el Viceministerio de Transporte es el único que podría facilitarla, como responsable del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico. “Cada bus y cada boca de recarga de ambas operadoras tienen un identificador tecnológico denominado SAM, que contiene códigos encriptados y que son los que permiten a las firmas enviar la información de forma segura a la CCM”, manifestó. Añadió que la central aglutina toda la información.
Mercedes Canese, consultora en temas de energía e industria, cuestionó que la Subsecretaría de Estado defienda más los intereses de el personal porque no es una licitación.
El vocero estimó que la explotación “temporal” del ramal Anahí de la Línea 29, sin licitación por tres meses, es una maniobra para quedar a cargo de forma permanente. “Nos dejan sin trabajo durante tres meses. ¿Por qué no nos contratan también de forma temporal?”, se preguntó. Además, estimó que esta maniobra de “premiar” al empresario sería una “moneda de cambio” por haberse levantado el paro que estaba previsto para esta semana.
Las autoridades del Viceministerio de Transporte consideran que este problema debe resolverlo el Ministerio de Trabajo, pero desde esta cartera dijeron que la responsabilidad la tiene Transporte. los empresarios. Ironizó que debería llamarse “Viceministerio de Transportistas”.
En cuanto al reporte obtenido desde Montevideo, donde los datos sobre el cobro electrónico son abiertos, opinó que se puso en evidencia que las autoridades no quieren proveer información que involucra a la tarifa técnica y que en cualquier país serio son informaciones públicas. “Esta transparencia también ayuda a que los usuarios de transporte sean conscientes de los factores externos que pueden variar el costo del pasaje, como el dólar y el petróleo, cotizaciones que no controlamos localmente”, acotó.
A su vez, Arturo González, integrante del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos, de la Facultad
Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), enfatizó sobre el fortalecimiento institucional que se logra con una gestión abierta y transparente. “Es muy llamativo que los datos generados de manera tan certera, y posiblemente única, ya que ningún otro servicio público cuenta con datos tan exactos, no puedan estar disponibles”, resaltó.