Lo que es y lo que no debe ser en absoluto
Dos eventos contrastantes, de lo que debe ser y lo que no, ocurrieron este fin de semana. Por una parte el ministro Arnaldo Giuzzio salió con una sugerencia poco conducente, pero que sirvió para mover el avispero. Por el otro lado, el vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Jorge Bogarín Alfonso participó de una actividad política junto al intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez. Lo de Giuzzio se puede decir que es inconducente ya que colisiona con el libre tránsito establecido por la Constitución Nacional. El secretario de Estado sugirió al comandante de la Policía Luis Arias que se promueva la restricción de la circulación de dos personas a bordo de motococicletas, en horas de la noche. El fundamento del ministro es que el 80% a 90% de los delitos son cometidos por esa lacra social que padecemos, que son los motochorros. Es evidente que la cuestión de restringir la circulación podría ayudar, pero aparte de colisionar con otros derechos, castigará al trabajador, que necesita desplazarse con otro para realizar sus actividades. Más allá de eso, se debe tomar como una cuestión positiva que el ministro del Interior acerque propuestas a la Policía Nacional. Es función de esa secretaría de Estado establecer la línea política para las acciones que deban realizar la fuerza del orden. Más que nunca, la Policía debe seguir lineamientos que bajen del Gobierno Central para frenar esta ola criminal que azota a nuestro país. A diario escuchamos noticias de homicidios, asaltos, peleas por disputas territoriales de la droga, etc. Está bien que Giuzzio mueva el avispero para sacudir de la modorra a la Policía. Lo que resta esperar es que se tome el camino correcto y no el más fácil que es el de la restricción. Vayamos al otro tema: el de Jorge Bogarín. No es la primera vez que se lo vincula con la política partidaria, de hecho su campaña gremial tuvo ese condicionamiento de que un sector importante del coloradismo lo apoyó. Bogarín hasta ahora no entiende, o no quiere entender, que él es el representante de todos los abogados ante el Consejo de la Magistratura. A su vez representa al CM ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y en este órgano extrapoder es nada menos que el vicepresidente. Tanta responsabilidad que se le encomendó no es retribuida con sus acciones. Bogarín desprecia todo esto al utilizar al CM y al JEM como una plataforma política. Su función es la de garantizar a los abogados que los mejores serán ternados para la magistratura y a la vez controlar que los magistrados cumplan con la ley. Pero eso lo ignora cuando hace campaña política con un imputado, lo que representa un factor de presión para el Poder Judicial y la Fiscalía. Pero Bogarín no está solo en esto. Ninguno de sus colegas del CM y del JEM se pronunciaron al respecto. Por ejemplo, el otro representante de los abogados, Óscar Paciello, quien la próxima semana asumirá como presidente del CM, optó también por el silencio. Es que Bogarín fue uno de los que votaron por él. Pasará a ser una anécdota este hecho, pero marca claramente para el mundo judicial que lo político, que es lo mismo que injerencia en la justicia, sigue fuertemente arraigado en el CM y en el JEM. Entonces, ¿qué podemos esperar de los casos que afectan a políticos? Lo de siempre: absolutamente nada.