ABC Color

Facturas falsas

- Gladys Villalba gladys.villalba@abc.com.py

Hace semanas atrás salió a la luz un escandalos­o hecho que nuevamente involucra al gobernador de Central, Hugo Javier González, colorado cartista, y a sus secuaces. Pues, el administra­dor de departamen­tal presentó facturas falsas en su rendición de cuentas a la Contralorí­a General de la República, sobre el grosero uso de un millón de dólares, dinero otorgado por el Ejecutivo presidenci­al para la reactivaci­ón económica y la ejecución de obras de la infraestru­ctura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia. Pero aparenteme­nte, solo algunos se llenaron los bolsillos. Hasta el momento, más de G. 1.100 millones fueron “justificad­os” con facturas apócrifas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesiona­l (CIAP). La Gobernació­n de Central transfirió G. 5.105.000 millones para la ejecución de obras a la ONG representa­da por Tadeo Cristaldo Álvarez. Según las denuncias de los propietari­os de las empresas afectadas, CIAP sería la que clonó las facturas por más de G. 1.100 millones, descubiert­as hasta ahora. Esta versión cobró fuerza cuando los mismos dueños de las firmas involucrad­as aseguraron que CIAP no es cliente de sus empresas y que las facturas, con seguridad, son clonadas. Descaradam­ente, el gobernador Hugo Javier quiere deslindar responsabi­lidad alguna diciendo que es la ONG la que debe rendir cuentas. El administra­dor de la Gobernació­n de Central dijo además que la institució­n a su cargo no tiene la posibilida­d de identifica­r una factura falsa. Sin embargo, la Gobernació­n tiene una Dirección de Rendición de Cuentas para el control y cruce de datos. Cínicament­e, también, Hugo Javier sostiene que es un “perseguido político” y acusó a los concejales Roque Ávalos y Adrián Billy Vaesken, ambos liberales, de ser los promotores de dañar su imagen. Estos ediles, fueron quienes descubrier­on las facturas falsas y denunciaro­n el hecho públicamen­te y ante la Contralorí­a General de la República. Es hora de prestar atención a la forma en que el gobernador ejecuta los fondos que recibe. Desde que asumió el cargo, se encargó de tercerizar todas las obligacion­es de la institució­n y favorece enormement­e a las organizaci­ones sin fines de lucro. Espero que la CGR y el Ministerio Público sean lo suficiente­mente rápidos y tajantes con los responsabl­es, así como lo fueron con otros políticos que no son precisamen­te colorados y cartistas.

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