Récord de 150 muertes por covid y no arriban las vacunas
La falta de vacunas contra el covid-19 impide que Salud Pública llegue a la fase 2 del plan de inmunización, que contempla a personas con enfermedades de base. Sin embargo el derecho a la vida se antepone y ya son 150 las personas que plantearon amparos judiciales exigiendo la inoculación. Sólo ocho pedidos fueron rechazados.
Según el director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, Gustavo Irala, hay unos 50 amparos judiciales promovidos para acceder a una vacuna contra el covid-19. Son en total unas 150 personas.
Del total, solo en ocho casos el pedido fue rechazado por la Justicia. “No hay acto ilegítimo del Ministerio de Salud porque las personas con enfermedades de base están contempladas en la etapa 2 y no hay una urgencia”, argumentó Irala cuando explicó por qué los jueces tomaron esa decisión.
Empero, en uno de esos fallos, la jueza Haydée Pereira, de Caacupé, negó este derecho a una joven de 30 años que padece de un tumor de hipófisis que la convierte en altamente vulnerable, según la abogada Cristina Servín. Además, la magistrada dispuso que la parte perdidosa pague las costas. Irala afirma que los abogados de Salud Pública no van a reclamar pago en ningún caso.
Irala también cuestionó que los jueces dispongan la vacunación como medida de urgencia sin analizar el fondo del amparo. Dijo que, por ejemplo, se dispuso así la vacunación a un adolescente de 16 años, cuando en el país no hay biológicos para menores de 18 años de edad.
Para Juan Carlos Paredes, abogado y presidente de la Asidown (Asociación Síndrome de Down del Paraguay), al momento de presentar un amparo exigiendo la vacunación, el primer elemento es el derecho a la vida, el segundo es la condición que tienen determinadas personas y cómo eso les hace más vulnerables a la enfermedad que al resto de la población.
El tercer elemento, afirma Paredes, es que el Ministerio de Salud alteró el plan de vacunación, ya que “el problema de fondo es que no hay vacunas”.
“Salud Pública nos dijo que las personas con discapacidad, como quienes tienen síndrome de down, entraban en la segunda fase del plan. Nos prometieron que llegarían a la segunda fase a fines de mayo, pero extendió la fase 1, alteró el plan”, indicó Paredes.
Ante esta situación y pidiendo que todas las personas con síndrome de down se puedan vacunar, Asidown presentó un recurso de amparo. Como medida de urgencia, el juez ordenó que varios miembros de la asociación se vacunen, pero el proceso sigue en curso.