Es mejor estar alertas

Ni el asesor de un enemigo les hubiese recomendado a los consejeros del IPS la destitución de un funcionario que venía actuando como un muro de contención informativa ante los cuestionamientos, dudas y ansiedades de los trabajadores y empleadores golpeados por esta pandemia. Solo con esta ironía se puede explicar la torpeza de la decisión de las autoridades del IPS de destituir a su gerente de Prestaciones Económicas, tildándolo de alarmista por haber advertido sobre el golpe que desde el Poder Judicial se podría dar a los fondos jubilatorios de la previsional. Torpeza porque con la destitución, Pedro Halley queda como echado por haber defendido el interés de los jubilados, y los consejeros del IPS como quienes intentaron callar esta denuncia sacándolo del cargo. Esto además de que hace unas semanas, el mismo Halley había confirmado la práctica ilegal de algunos empleadores de simular suspensiones laborales para que el IPS se haga cargo del pago de ayudas que los mismos empleadores utilizaban fraudulentamente como salario parcial o total para sus trabajadores. Un caso sobre el que, hay que recordarlo, ya no hubo más difusión, tras los cuestionamientos de gremios empresariales que pedían denuncias concretas sobre quiénes cometieron este fraude contra el IPS. Yendo al fondo de la cuestión actual, el hecho sobre el que encendió la alarma Pedro Halley es el de una demanda que puede abrir un gran agujero a los fondos jubilatorios de la previsional. En el año 2013, 129 navegantes presentaron una acción judicial para percibir jubilaciones conforme a sus salarios, que superan ampliamente los 300 jornales (diez salarios mínimos) que la ley fija como un tope máximo de jubilación a través del IPS. El argumento de los accionantes fue que venían sufriendo descuentos jubilatorios sobre sus salarios, muy superiores al tope que podrían recibir como jubilación, por lo que aspiraban a fijar sus jubilaciones tomando como referencia esos salarios. En el 2016 los exministros de la Corte Miryam Peña, Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco les dieron la razón, este último con alguna diferencia sobre quiénes ya estaban jubilados y quiénes aún no, pero sin dar participación al IPS. La previsional a su vez intentó acceder al proceso, pero no lo consiguió, hasta que años más tarde, en el 2020, planteó una acción autónoma de nulidad, aún no resuelta, en la que descansa la esperanza de que la decisión se revea y no constituya un precedente que podría comenzar a abrir un enorme agujero a las finanzas del sistema jubilatorio del IPS. Sobre esto alertó el destituido gerente de Prestaciones Económicas, realizando una proyección sobre el impacto financiero que podría tener de quedar firme la decisión de los exministros de la Corte. Su pecado, haber alarmado a jubilados y a trabajadores activos sobre el enorme perjuicio que podría causar que esta acción judicial prospere, generando un precedente al que legítimamente podrían apelar otros 800 jubilados que durante su vida activa sufrieron descuentos de aportes por salarios superiores a los diez salarios mínimos, y unos seis mil trabajadores en actividad, quienes tienen sueldos superiores a ese monto y consiguientemente sufren descuentos proporcionalmente superiores. Para las autoridades del IPS, recordar este posible escenario es alarmismo que genera crispación innecesaria, argumento que además les sirvió para terminar de desprenderse de un funcionario al que ya consideraban molesto, por aquella genérica denuncia anterior sobre las práctica fraudulenta de algunos empleadores. Debe sin embargo decirse que considerando muchas nefastas historias dentro del IPS, son preferibles los alarmismos y la movilización ciudadana anticipada al silencio y la parsimonia muchas veces cómplices de los miserables desfalcos contra quienes verdaderamente mantienen al instituto con sus aportes obligatorios.