Caso de jueces revela la impunidad y el descontrol judicial que reinan
La confesión de un juez que admitió que cobró para conceder un habeas corpus a un capomafioso brasileño y la absolución a un magistrado revelan el descontrol y la impunidad reinantes en la Justicia paraguaya.
El exjuez Crescencio Ocampos recientemente confesó a ABC que recibió US$ 140.000 por conceder el hábeas corpus para que no extraditaran a Jarvis Chimenes Pavão.
Sostuvo que no es delito haber tomado ese dinero porque “tenemos que hacer favores”.
Con relación al caso Jarvis Chimenes Pavão afirmó que le había dado un habeas corpus genérico y estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando la abogada Laura Casuso vino a hablar con él.
Argumentó que se lo concedió y que luego el presidente Horacio Cartes pidió su cabeza ante el presidente de la Corte Suprema.
En julio de 2018, el exjuez de Santaní Crescencio Ocampos fue condenado por
prevaricato a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena por el caso Jarvis.
Ocampos firmó la medida el 22 de diciembre de 2017, pero recién el 26 se dio a conocer la resolución por los abogados del narcotraficante, cuando ya estaba todo listo para enviar a Pavão al Brasil, el 28 de ese mes.
Tras el escándalo que generó la acción de Ocampos, la Cámara de Apelaciones de San Pedro anuló el fallo y luego la Corte dispuso la intervención del juzgado de Santaní, así como la suspensión del magistrado, quien había solicitado vacaciones tras firmar el hábeas corpus.
Tras darse estos hechos, el mismo Ocampos presentó su renuncia. En su entorno se habla que padece de un cuadro
depresivo.
El caso de la Granja
El juez de San Pedro Néstor Arévalo Zorrilla solo fue apercibido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Pese a que se comprobó que violó la ley para favorecer a un reo y que está a punto de afrontar una audiencia preliminar, tras la cual se resolverá si la causa se eleva a juicio.
Arévalo está acusado por la fiscala María Irene Álvarez por cohecho pasivo agravado (coima) y frustración de la persecución y ejecución penal.
La sospecha radica en que el referido magistrado recibía algún tipo de beneficio para él y para el club de fútbol que presidía, Deportivo Santaní, a cambio de trasladar desde la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú al narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien desde 2014 cumple una condena de 26 años de encierro, al sector denominado La Granja, ubicada cerca de la cárcel. El presidente del JEM Fernando Silva Facetti y el vice Jorge Bogarín Alfonso pidieron absolución.