Si no se toman medidas, una bomba nos explotará en la cara.

El escándalo en el que, una vez más, se ha visto envuelto en estos días el Instituto de Previsión Social (IPS), sobre el cual todavía hay mucha tela que cortar y responsabilidades que deslindar, trae a colación un tema nacional de extraordinaria importancia, que es la imperiosa necesidad de una reforma estructural de la seguridad social en el país, para asegurar un modelo sostenible y correctamente supervisado de ahorro a largo plazo para que los trabajadores puedan tener con qué vivir cuando les toque retirarse. Con apenas el 23 por ciento de la población económicamente activa en Paraguay aportando a algún sistema de jubilaciones (2018), esta es una bomba de tiempo que los gobernantes y las fuerzas políticas no se animan a desactivar. Si no se adoptan medidas ahora, más temprano que tarde la bomba nos estallará irremediablemente en la cara. La buena noticia es que estamos a tiempo. Este es el momento, esta reforma es responsabilidad de esta generación, no dejemos que sea demasiado tarde.

El escándalo en el que, una vez más, se ha visto envuelto en estos días el Instituto de Previsión Social (IPS), sobre el cual todavía hay mucha tela que cortar y responsabilidades que deslindar, trae a colación un tema nacional de extraordinaria importancia, que es la imperiosa necesidad de una reforma estructural de la seguridad social en el país, para asegurar un modelo sostenible y correctamente supervisado de ahorro a largo plazo para que los trabajadores puedan tener con qué vivir cuando les toque retirarse.

Con apenas el 23 por ciento de la población económicamente activa en Paraguay aportando a algún sistema de jubilaciones (2018), esta es una bomba de tiempo que los gobernantes y las fuerzas políticas no se animan a desactivar.

A modo de ilustración, si hoy tuviera que hacerse un corte, sin considerar los agregados a la fuerza laboral, en un lapso de 20 años habrá 2.600.000 personas que ya no estarán en edad de trabajar y que se quedarán sin ingresos. Gran parte de esa carga recaerá necesariamente en el Estado (es decir, en los contribuyentes) que, solo para pagarle la mitad de un sueldo mínimo mensual a cada uno, necesitaría 5.000 millones de dólares anuales, una cifra que supera en más del 40% el total de las recaudaciones tributarias y aduaneras de la actualidad.

Irónicamente, hay una docena de cajas de aportes jubilatorios en el país, pero Paraguay tiene la cuarta tasa más baja de cobertura de seguridad social de América Latina,

apenas por encima de Jamaica, Honduras y Nicaragua.

De todas, la más grande y la única que realmente funciona como una caja de jubilaciones con algún grado de factibilidad es el IPS. La segunda en tamaño es la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, o Caja Fiscal, que está en quiebra, es altamente deficitaria, se mantiene directamente con dinero del Presupuesto Público, debido a insólitas políticas de beneficios sin correspondencia con las contribuciones.

Las demás son muy específicas y a menudo requieren directas o indirectas subvenciones estatales para seguir operando. También hay varias en el ámbito estrictamente privado, además de diversos planes individuales que se ofrecen a través del sistema financiero local o internacional, además de los planes de pensiones estatales no contributivas.

Los denominadores comunes son la baja cobertura, la pobre supervisión, la corruptela, pero, sobre todo, las negras perspectivas desde el punto de vista actuarial. Los cálculos actuariales consisten en la aplicación de modelos matemáticos que combinan variables, las proyectan y predicen resultados en plazos prolongados. Se utilizan típicamente en seguros y en sistemas previsionales, donde se tienen en cuenta, por ejemplo, características demográficas, tasas de mortalidad y fecundidad, expectativa de vida, montos y tiempos de aportes, tendencia en la relación de cotizantes activos por asegurados pasivos. Ninguna de las cajas en Paraguay, ni siquiera el IPS, pasa la “prueba de estrés”.

En el caso del IPS, que por su magnitud e impacto es el más importante, se estima que el flujo de caja del fondo de jubilaciones y pensiones empezará a arrojar saldos rojos (los egresos serán mayores que los ingresos) en 2044, y que las reservas técnicas alcanzarán, en el mejor de los casos, para cubrir las jubilaciones otros 30 años más. Eso significa que, si no se hacen reformas, bastante antes de fin de siglo el IPS estará agotado por completo.

Más allá de la discusión sobre la viabilidad estructural de los sistemas de capitalización colectiva, aun dentro de la modalidad “de reparto” (donde los aportes de los trabajadores activos financian la jubilación de los retirados) hay mucho por hacer para alargar la vida útil del IPS.

Supuestamente todos los trabajadores asalariados del sector privado deben aportar al IPS, tanto directamente como a través de sus empleadores, que actúan como agentes de retención, pero eso dista muchísimo de ser una realidad. Solo 4 de cada diez trabajadores en relación de dependencia lo hacen y la evasión patronal es de más del 90%, ya que solo hay 63.000 empresas inscriptas de las 700.000 que, según el MIC, hay en el país. A eso hay que agregar la generalizada evasión parcial, ya que hay una mayoría que solo aporta por el mínimo y luego se “sincera” los tres últimos años para elevar el monto de su jubilación, con lo cual su contribución relativa es muy inferior a su beneficio, algo no solo injusto, sino sumamente pernicioso para las finanzas del instituto.

Proteste quien proteste, hay que hacer los ajustes necesarios para resolver esas distorsiones, pero la reforma previsional es más que eso. El IPS es solo una parte del problema, porque solo el 40% de la fuerza laboral está compuesta por obreros y empleados privados. Un 31% lo componen los trabajadores por cuenta propia, hay un 8% de trabajadores familiares no remunerados, un 7% de empleados domésticos, un 9% de empleados públicos y un 5% de patrones. Absolutamente todos, sin excepción, deben estar obligados a contribuir un porcentaje de sus ingresos para un ahorro jubilatorio compulsivo a largo plazo, para que el día de mañana no tenga que ser el Estado el que cargue con todo el fardo. Ese, junto con un sistema independiente de supervisión y control, deben ser los principales objetivos.

La sociedad paraguaya debe entender que esta es una gigantesca deuda cuasifiscal que pesa sobre todos. Si no se adoptan medidas ahora, más temprano que tarde la bomba nos estallará irremediablemente en la cara. La buena noticia es que estamos a tiempo. Paraguay todavía es un país mayoritariamente joven, está disfrutando de su bono demográfico, con una población en edad productiva que duplica a la de niños y ancianos. Este es el momento, esta reforma es responsabilidad de esta generación, no dejemos que sea demasiado tarde.