ABC Color

Transporte y comercios explotan a suspendido­s, dice Halley

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Pedro Halley, exgerente de Prestacion­es Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), reiteró ayer que hay empresario­s del sector transporte y del comercio que explotaron a sus trabajador­es durante la pandemia, al hacerles asistir estando suspendido­s. Estos empleados cobraban el subsidio de la previsiona­l, G. 1.096.000. Añadió además que eso se puede demostrar fácilmente cruzando los datos que están en el ente.

A finales de abril pasado, desde la Gerencia de Prestacion­es Económicas del IPS y la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS se había denunciado el hecho y se calificó incluso como una estafa a las arcas de la previsiona­l. En ese momento se hablaba de una muestra de 6.000 empresas de un total de 18.000 que debían ser investigad­as.

“En abril teníamos entre 15.000 a 18.000 pedidos de suspension­es. Cuando se socializó este tema, bajó a 7.000. Como se dijo que se iba a enviar a Fiscalía, tomaron prudencia”, agregó.

Pero vuelvo a repetir: yo no criminaliz­o al sector de empresario­s, hay muchos honestos, el 99%, pero 1% pudre el cajón, a esos sí tiene que investigar­los la Fiscalía y que devuelvan la plata”, concluyó.

Por otra parte, Carlos Bogado, director de Aporte Obrero Patronal del IPS, precisó ayer a ABC que unas 271 empresas están en la mira de la previsiona­l ya que solicitaro­n la suspensión del 100% de sus empleados, un hecho llamativo porque las mismas siguieron facturando en volumen importante. Esto representa unos 1.408 trabajador­es. El ente tiene fiscalizad­o al 20% aproximada­mente unas 30 firmas, no pudiendo avanzar más rápido por la falta de fiscalizad­ores y por la negativa de algunas empresas para colaborar.

y origen de fondos fueron algunas de las irregulari­dades detectadas.

Las primeras alertas sospechosa­s se dispararon en noviembre de 2015, pero Seprelad recién informó a Fiscalía en 2018. Darío Messer, amigo del alma del expresiden­te Horacio Cartes, fue condenado en Brasil, en 2020, a más de 13 años de cárcel por delitos vinculados al caso “Lava Jato”.

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