El tema jubilatorio del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) se creó por decreto del general Higinio Morínigo en 1943. Su nombre –Previsión Social– define los propósitos que le dieron origen. Lo social implica solidaridad. A los empleados en relación de dependencia se les hace un sitio para la atención de su salud y la de sus familiares y asegurarles, para cuando llegue el momento, la jubilación que les permita, hasta donde sea posible, una vejez sin los quebrantos económicos. Es la previsión para cuando las fuerzas físicas ya no sean tales pero aún perdura la necesidad de disfrutar de la vida. El disfrute de la vida, en esta etapa, va ligado a cómo el IPS administra el dinero ajeno. En varios tramos de su larga historia los administradores confundieron como propio ese dinero y le dieron otro destino con una sola consecuencia: el daño enorme a los asegurados. De vez en vez suelen aparecer las preocupaciones sobre el futuro de las jubilaciones. Esta vez vino de la mano de Pedro Halley, destituido de su cargo de gerente de Prestaciones Económicas del IPS. Hizo sonar la alarma sobre los efectos que tendría una resolución de la Corte Suprema de Justicia acerca de los fondos jubilatorios. La enojosa cuestión se inició cuando Pedro Halley reiteró su inquietud sobre las consecuencias de esa resolución judicial que permite a 26 marinos mercantes jubilados cobrar muy por encima de lo que establece el IPS: “Ningún aportante puede cobrar más de 10 salarios mínimos (unos 23 millones de guaraníes en concepto de jubilación”). Sin embargo, los ministros de la Corte abrieron el camino para que los citados marinos cobren entre 60, 80, 100 millones y más de guaraníes mensuales y vitalicios. El justificado temor expuesto por Halley –luego por varias organizaciones– es que la caja de jubilaciones del IPS pronto quede vacía, y detrás de ella todas las demás que también fijan topes como la bancaria, Ande, Municipal, Itaipú, precisamente en previsión de quiebra. El argumento de los marinos, aceptado por los ministros de la Corte en 2016, es que se les había descontado los haberes jubilatorios en base a sus altos salarios. Aquí entra la cuestión social, la solidaria. Los asegurados con un sueldo mínimo consiguen atender su salud, y la de toda su familia, más la jubilación, con una fracción de su aporte. La otra parte está dada por quienes tienen un salario alto y nunca, o rara vez, usan los servicios médicos del IPS. De ejecutarse la resolución judicial, se daría la posibilidad de reintegrar el aporte a quienes pagaron por servicios no utilizados. Tal vez pretendan que IPS se haga cargo de su seguro privado. La resolución de la Corte –cuya denuncia le costó el puesto a un funcionario celoso de su institución– da para cualquier cosa. ¿Quiénes firmaron la medida? Los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y Miryam Peña. Bajac se jubiló en 2018. Dejó el cargo con una investigación fiscal por supuesto pedido de coima de 10 mil dólares a cambio de un fallo favorable en la sala civil. Sindulfo Blanco fue destituido por la Cámara de Senadores por hechos de corrupción. ¿Tiene validez la sentencia de ministros acusados por tan graves delitos? Los antecedentes son suficientes para, por lo menos, sospechar que detrás de la resolución que pone en aprietos a la caja de jubilaciones del IPS habría la reiteración de casos delictivos. Frente a la contundencia de la denuncia de Pedro Halley, y la negativa del Consejo del IPS, cabe que una entidad independiente, a más de los parlamentarios, investigue el caso para conocimiento cabal de los asegurados. Tienen derecho a dormir tranquilos.