Intenta zafar y culpa a la ONG sobre uso de fondos
El gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), intentó deslindar responsabilidades sobre el uso de facturas falsas para rendir G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) transferidos a la ONG CIAP y al Consejo Regional de Salud. Dijo que los responsables de la entidad deben explicar el origen de comprobantes, ya que, según él, “todas las obras están”.
El gobernador de Central, Hugo Javier González (colorado cartista), junto con el asesor jurídico de la institución departamental Fausto Portillo y el director de Finanzas, Mario Gamarra, visitaron ayer nuestra redacción central para dar su versión sobre la denuncia presentada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sobre el uso de facturas clonadas en la rendición de cuentas de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año 2020). El dinero lo otorgó el Poder Ejecutivo para generar fuentes de trabajo y ayuda a hospitales de Central durante la pandemia.
La Gobernación transfirió G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud y G. 5.105 millones al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG representada por Tadeo Álvarez Cristaldo. En la rendición de cuentas sobre el gasto de este fondo aparecen facturas presuntamente clonadas o prestadas de otras empresas de maletín. También hay comprobantes a crédito sin recibos de cancelación. El gobernador Hugo Javier expresó que su equipo administrativo no tiene las herramientas necesarias para detectar si las facturas son legítimas o no o si presentan irregularidades. Sin embargo, reconoció que la institución departamental tiene una jefatura de rendición de cuentas, a cargo de Joel Román, cuya función principal es verificar la documentación de todas las erogaciones hechas por la gobernación, para luego presentar un informe a los “organismos de control”.
El gobernador dijo que no existe lesión de confianza ni daño patrimonial. Además, afirmó que él mismo, “personalmente”, verificó y todas las obras fueron ejecutadas. “Cuando saltó la noticia de que había supuestas facturas falsas y/o clonadas solicitamos el informe a la fundación (en referencia a CIAP) y pedí un informe a la SET. Empezamos a trabajar con los organismos de Estado en verificar tales documentaciones. Si eran falsas o no eso lo va a determinar la SET”, indicó.
“Las obras por un valor de G. 6.382 millones fueron ejecutadas, están visibles, georreferenciadas y fiscalizadas por el gobernador que, personalmente, supervisó desde el inicio, durante y al final. El dinero del pueblo se ha utilizado de forma correcta”, manifestó.
González agregó que esperará que culmine las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Senac y que si corresponde, denunciará a CIAP y exigirá la devolución del dinero. Insistió en que la rendición de cuentas existente en el portal web de la CGR, la cual es investigada, es de la ONG y no de la gobernación.
Aseguró que la fundación es la que debe dar las explicaciones.
Rectificación
El asesor jurídico de la institución departamental, Fausto Portillo, refirió que la Senac y la SET están confundiendo la rendición de cuenta original con la rectificación. “No hubo cambio de documentación tal como denunciaron ambas instituciones. En fecha 4 de junio el gobernador solicitó un informe a CIAP y esa contestación es la que se pone a consideración de la CGR por la vía de la rectificación. Por eso es que en apariencias existen dos informes”, explicó.