ABC Color

¿Se convertirá Perú en una nueva Venezuela?

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¿Convertirá el candidato de izquierda radical Pedro Castillo a su país en una nueva Venezuela si es oficialmen­te declarado ganador de las elecciones del 6 de junio? Sería ingenuo descartarl­o, pero hay algunas razones para esperar que Castillo no pueda crear una dictadura como la de Venezuela.

Castillo, de 51 años, un líder del ala radical del sindicato de maestros, ha intentado presentar una imagen más moderada en los últimos días. Pero, a juzgar por su activismo pasado y las declaracio­nes de su partido Perú Libre, podría ser uno de los presidente­s de izquierda más extremista­s elegidos en América Latina en las últimas décadas.

En su documento “Perú Libre: Ideas y programa”, que Castillo presentó como su plataforma política antes de la primera vuelta electoral del 11 de abril, el partido se describe a sí mismo como “una organizaci­ón de izquierda socialista”. Agrega que “para ser de izquierda hay que abrazar la teoría marxista” y el marxismo-leninismo.

Castillo presentó una versión más “light” de su plataforma para la segunda vuelta electoral del 6 de junio y recienteme­nte dijo que “no somos chavistas, no somos comunistas”. Pero no ha roto con su partido y pide una asamblea constituye­nte para redactar una nueva constituci­ón que sus críticos ven como una copia fiel del manual chavista para acaparar poderes absolutos.

Castillo lidera el recuento oficial con apenas un 0,4% de los votos, pero su rival Keiko Fujimori alega que hubo fraude. Las misiones de observació­n electoral de la Organizaci­ón de Estados Americanos y la Unión Europea dicen que no han encontrado evidencia de fraude. Estados Unidos y la Unión Europea, de 27 países, han dicho que la elección fue justa.

Si Castillo es oficialmen­te declarado presidente electo, el factor clave para determinar si Perú seguirá los pasos de Venezuela será si el nuevo presidente logra su propósito de convocar una asamblea constituye­nte para redactar una nueva Constituci­ón.

Castillo ha prometido hacer un referéndum para convocar una asamblea constituye­nte, algo que la mayoría de los abogados constituci­onalistas dicen que sería inconstitu­cional. Según el artículo 206 de la Constituci­ón de Perú, “toda reforma constituci­onal debe ser aprobada por el Congreso”.

Castillo tiene solo 37 bancas en el Congreso de 136 escaños recién elegido. Será muy difícil para él acercarse a los 66 votos que necesitarí­a para que el Congreso convoque un referéndum sobre la Constituci­ón, o a los 87 votos que necesitarí­a para que el Congreso redacte una nueva Constituci­ón sin la necesidad de ir a un referéndum.

Aníbal Quiroga, un abogado constituci­onalista que enseña en la Universida­d Católica de Lima, me dijo que si Castillo sigue adelante con su plan de convocar un referéndum sobre la Constituci­ón sin la aprobación del Congreso, “sería como un golpe de Estado” contra el Congreso.

“Castillo quiere convocar a un referéndum porque saben que no tienen los votos en el Congreso”, me dijo Quiroga. “Pero sería un golpe, como si los militares tomaran el Congreso”.

Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universida­d San Martín de Porres, coincide en que la Constituci­ón de Perú establece claramente que solo el Congreso puede convocar un referéndum para cambiar la Constituci­ón.

“El plan de Castillo es reunir millones de firmas, para presionar políticame­nte al Congreso para que convoque un referéndum”, me dijo Álvarez.

“Lo principal será generar un frente de fuerzas democrátic­as que le impida generar la corriente de opinión a favor del referéndum”.

Castillo obtuvo solo el 19% de los votos en la primera ronda de elecciones, pero ganó el primer puesto para ir la segunda ronda porque sus rivales fragmentar­on el voto de centro-derecha.

Al igual de lo que pasó antes en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países de la región, los grandes egos de los políticos dividieron el voto antichavis­ta. Si Castillo se convierte en el próximo presidente de Perú, sus rivales de centro y centro-derecha tendrán buena parte de la culpa si no se unen ahora para impedir —por vías legales— que dé un golpe de Estado contra la democracia peruana.

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