Insisten ante la Corte para conocer componentes activos de las anticovid
Quieren saber también el texto de los contratos suscritos
Un sicario fue condenado ayer a 28 años de cárcel por el brutal asesinato de un mecánico, que se produjo en el año 2017 en la ciudad de San Antonio (Central). El matón fue contratado por la propia esposa de la víctima, quien a su vez planificó el crimen para cobrar un seguro de vida de G. 600 millones. La misma mujer, ahora conocida como la “viuda negra”, ya había cobrado otra póliza de G. 50 millones por la muerte de su anterior esposo.
La sentencia, que fue emitida ayer de tarde en el Palacio de Justicia de Luque, es para Joel Esteban Servián Leite, de 42 años de edad.
El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por Blas Imas (presidente) Hugo Segovia y Liliana Flores.
El Ministerio Público, por su parte, fue representado por la fiscala María José Pérez, quien declaró ayer de tarde en el programa Crimen y Castigo de ABC TV que “el Tribunal consideró la sanción justa, él fue coautor, quedó acreditado esto, pero no fue el que ideó el plan”.
Dicha integrante del Ministerio Público añadió que “el condenado tomó como un trabajo el quitarle la vida a alguien y por lo cual iba a recibir cinco millones de guaraníes”.
Joel Esteban Servián Leite
fue detenido el 9 de marzo de 2017 en Villa Hayes por policías del departamento de Investigaciones de Central.
Ni bien cayó preso, el hombre confesó haber participado en el homicidio del mecánico Juan Antonio López Cantero, de 59 años, ocurrido en la madrugada del 26 de febrero de ese mismo año en una casa de San Antonio.
Según se probó en juicio, el asesinato fue planeado nada menos que por la propia esposa de la víctima, la enfermera Gladys Andrea Garay, cuando entonces tenía 43 años de edad.
La enfermera despertó en aquella madrugada a su esposo Juan Antonio López Cantero para pedirle que saliera al patio a revisar, porque supuestamente había “ruidos extraños”.
Cuando el dueño de casa salió fue neutralizado con una picana eléctrica por su amigo y colega mecánico Carlos Ramón Ferreira Cristaldo, en ese entonces de 44 años, quien según se supo después mantenía una relación clandestina con la misma mujer.
Cuando Juan Antonio López Cantero cayó al suelo, el sicario ahora condenado Joel Esteban Servián Leite lo degolló con un bisturí proporcionado por la propia esposa de la víctima. Luego de asegurarse de que su esposo estaba muerto, la mujer llamó a la Policía y dijo que fueron asaltados en su casa.
Incluso, en un momento de la intervención fingió un desmayo mientras se hacía el levantamiento del cadáver.
La fiscala María José Pérez, 48 horas después, descubrió la trama y ordenó la detención de la mujer.
El amante de esta, Carlos Ramón Ferreira Cristaldo, fue detenido una semana después del homicidio y reveló el nombre del sicario que ayer fue condenado, ya que ambos eran vecinos en Lambaré.
Así, en menos de un mes, el brutal asesinato ya estaba prácticamente resuelto, ya que el propio sicario contó que se reunió previamente con la “viuda negra” y el amante de ella.
Además, refirió haber cobrado solamente G. 500.000
Nerio Castillo y Abilio Alfonzo Benítez Benítez plantearon el miércoles una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones del juzgado penal de garantías N° 3 y de la Segunda Sala de la Cámara de Apelaciones, ambas de la ciudad de Encarnación, que rechazaron “in limine” la consulta dirigida al presidente de la República y al ministro de Salud para conocer los componentes activos de las diferentes vacunas que se están aplicando contra el coronavirus.
Nerio Castillo y Abilio Benítez Benítez, primeramente, a través de una nota presentada el 10 de mayo último han solicitado que se les ponga a conocimiento los componentes o principios activos que utilizan las vacunas anticovid que se están aplicando en nuestro país.
Ante la negativa de respuesta a esa consulta, promovieron una acción de amparo constitucional contra el presidente de la República Mario Abdo Benítez y el ministro de Salud, Julio Borba, que luego fue rechazada “in limine” por un juzgado de primera instancia y después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, ambos órganos de la ciudad de Encarnación.
El rechazo “in limine” del amparo de los G. 5 millones que le prometieron por el “trabajo”.
El sicario Servián Leite debía recibir el resto del dinero luego de que la viuda cobrara un seguro de vida que había contratado un mes antes para su marido.
La enfermera Gladys Andrea Garay tenía que cobrar G. 300 millones por la muerte de su esposo Juan Antonio López Cantero.
Pero si este fallecía de manera violenta, tal como ocurrió, su mujer tenía que recibir nada menos que G. 600 millones.
Obviamente, al comprobarse que ella ideó y participó por parte del juzgado tuvo como argumento que “el Gobierno viene cumpliendo gestiones acertadas relacionadas al combate al covid-19.
Sin embargo, refieren los accionantes que “no es eso lo que hemos consultado, sino que el Gobierno informe del contenido químico de las vacunas”, y eso lo pueden apreciar en el expediente “Ministerio de Salud Pública y otro s/ amparo constitucional”, que se pide a la Sala Constitucional que ordene se traiga a la vista, refieren.
Por su parte, la Cámara de Apelaciones en su AI N° 108 del 22 de junio de 2021 señala que “las vacunas son de aplicación de emergencia”, respuesta que tampoco ha sido consultada a las autoridades nacionales, y agrega que se encuentra respaldada con la Ley 6727/21, en la que consta la confidencialidad y el uso de informe reservado.
Empero, el carácter reservado de la ley y la confidencialidad de los contratos celebrados por el Estado, van en contra de lo dispuesto en el Art. 28 de la Constitución Nacional, que ordena que los actos públicos deben ser dados del crimen, no cobró el seguro, como sí lo hizo dos años antes cuando recibió G. 50 millones por la también llamativa muerte de su entonces esposo, Gerardo Ramón Ferreira Delvalle, de 51 años, ocurrida el Jueves Santo 2 de abril de 2015.
La “viuda negra” Gladys Andrea Garay y su amante Carlos Ramón Ferreira Cristaldo ya habían sido sentenciados el 10 de marzo pasado a 30 años de cárcel.
Ahora, con la condena de 28 años del sicario Joel Esteban Servián Leite, se cierra definitivamente el asesinato del segundo esposo de la enfermera Garay. a conocer sin dilación alguna, indican.
Sobre el Poder Ejecutivo, sostienen los accionantes que “es lamentable como trata a sus ciudadanos justos, y protege a los malvados. En nuestro caso, celebra contratos privados con firmas privadas que lo manejan sin temblar puño alguno con convenios de adhesión y sin misericordia a que puedan afectar intereses ciudadanos, en su salud, en sus bienes y de toda índole. La impotencia de los débiles es la constante”.
En resumen, los accionantes quieren saber: a) el contenido de las vacunas, b) la razón por la cual se prohíben las autopsias a los familiares de quienes fallecieron por el covid-19, c) saber en qué etapas de experimentación vienen en nuestro país todas las marcas de las vacunas, y d) conocer el contenido de los contratos celebrados entre el Estado y las distintas farmacéuticas de otros países, pero por pretender conocer estas respuestas nos rechazan “in limine” como si fuera a afectar la seguridad y la existencia del Estado.
Son integrantes naturales de la Sala Constitucional de la Corte los ministros César Diesel, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica.