Los chantajistas del transporte asestan otro golpe a la gente.

Los transportistas de pasajeros del área metropolitana que, con sus reguladas extorsivas, pusieron en serio riesgo la vida de los usuarios en plena época de pandemia, acaban de ser recompensados por el Viceministerio de Transporte con un colosal aumento del subsidio que cobran. ¡Quién como ellos! Ha de ser el único gremio que asegura ganancias a costa de los contribuyentes, pese a lo cual se pasan permanentemente llorando miseria. Su capacidad extorsiva resulta considerable, porque bien saben que pueden impedir la actividad económica si van al paro por cualquier motivo y que no tienen por qué temer que se les cancele la concesión. El vínculo con las autoridades y los políticos se refuerza cuando hay comicios, pues los manifestantes y los electores tienen que ser trasladados “gratuitamente” para vitorear a los candidatos o cumplir con su deber cívico: se trata de una contraprestación del padrinazgo obtenido para imponer sus pretensiones.

Los transportistas de pasajeros del área metropolitana que, con sus reguladas extorsivas, pusieron en serio riesgo la vida de los usuarios en plena época de pandemia, acaban de ser recompensados por el Viceministerio de Transporte con un colosal aumento del subsidio correspondiente a marzo y abril últimos: en uno de estos meses, llega nada menos que al 2.265%, porcentaje que será mayor al regularizarse la situación de varias empresas del transporte, según reveló el viceministro Víctor Sánchez Chamorro. ¡Quién como ellos! Ha de ser el único gremio que asegura ganancias a costa de los contribuyentes, pese a lo cual se pasan permanentemente llorando miseria. En palabras del citado funcionario, con la actual cantidad de pasajeros, “evidentemente va a aumentar la tarifa técnica”. La opinión pública no tiene por qué entender que la muy generosa medida, que respondería al esquema de la tarifa técnica consensuada con los chantajistas consuetudinarios, es decir, con quienes han venido cobrando el aporte estatal por buses que no estaban operando, termine resultando aún más gravosa para quien paga sus impuestos. El fraude que han venido cometiendo, también falseando el número de pasajeros, nunca ha sido efectivamente sancionado: se impusieron multas por la disminución de frecuencias y por la violación del protocolo sanitario en los buses, pero las empresas afectadas siguen sin pagar un solo centavo y el viceministro ni siquiera sabe cuándo se les cobrará. Tampoco tuvo consecuencia alguna la denuncia penal que el PLRA formuló en marzo de este año contra, entre otros, el

dirigente gremial César Ruiz Díaz, por exponer a los usuarios al peligro del contagio en los vehículos colmados a causa de las reguladas. “Nosotros estamos pagando por un servicio que se prestó”, afirmó con todo desparpajo el dadivoso viceministro. Aunque resulte obvio, no está de más subrayar que el sujeto de la oración debió haber sido “los contribuyentes” y no, implícitamente, las autoridades gubernativas, porque, en verdad, son quienes pagan sus impuestos en todo el país los estafados por unos “empresarios” que tienen ingresos asegurados, sin necesidad de competir entre sí en cuanto al precio y a la calidad del servicio que tan mal prestan, con vehículos que no son sometidos a periódicas revisiones técnicas por los organismos competentes. Su capacidad extorsiva resulta considerable, porque bien saben que pueden impedir la actividad económica si van al paro por cualquier motivo y que no tienen por qué temer que se les cancele la concesión. El vínculo con las autoridades y los políticos se refuerza cuando hay comicios, pues los manifestantes y los electores tienen que ser trasladados “gratuitamente” para vitorear a los candidatos o cumplir con su deber cívico: se trata de una contraprestación del padrinazgo obtenido para imponer sus pretensiones. Esto explica que quienes en el Congreso o en la Junta Municipal deberían defender a los usuarios y a los contribuyentes, terminan haciendo la vista gorda ante el permanente agravio que sufren por parte de esos voraces “empresarios”. No vale la pena ocuparse de la Defensoría del Pueblo, que existe aunque no lo parezca. Lo que sí conviene apuntar es que el permanente conflicto no se plantea solo entre los susodichos y los pasajeros del área metropolitana, sino también entre ellos y quienes tributan en toda la geografía nacional, directa o indirectamente. Nunca debe olvidarse que un subsidio no cae del cielo: sale del bolsillo de todos los sujetos que pagan impuestos. Si también un trabajador de Bahía Negra está aportando para que los usuarios del transporte público de la Gran Asunción no deban pagar más, es de justicia que el Viceministerio sea muchísimo más riguroso a la hora de tratar con los extorsionadores. “No vamos a tolerar el chantaje de nadie”, dijo en marzo el propio Sánchez Chamorro, pero terminó capitulando en toda la línea, porque para él y sus jefes es más importante satisfacer las pretensiones de sus viejos socios que defender el dinero de todos y la dignidad de los usuarios en particular. A propósito, si el Viceministerio al menos multó formalmente a unas empresas por exponer al peligro del contagio del coronavirus a quienes se agolparon en los buses debido a la prestación irregular del servicio, el Ministerio Público no parece creer que se trate de un hecho punible, aunque, en cambio, haya imputado a miles de personas por violar la cuarentena, como si provocar la aglomeración de pasajeros fuera menos grave que tomar una copa más allá del horario permitido. Los vehículos del transporte público son los espacios con mayor riesgo de contagio y sus dueños los más desalmados “empresarios”, pero siguen contando con la benevolencia de los órganos del Estado, a costa de la salud y del dinero de la población. Está visto que hacen falta funcionarios y fiscales honestos y con coraje que, con la ley en la mano, busquen impedir que sigan abusando de la paciencia de los ciudadanos y asaltando sus bolsillos.