La ocupación de tierras privadas no debe ser legalizada.
Ya se había visto a “campesinos sin tierra” invadir inmuebles bajo la dirección de conductores de vehículos de alta gama, pero nunca que una casa transportada por un camión haya sido instalada en uno de ellos para simular una ocupación antigua e impedir así el desalojo judicial del usurpador, como ocurrió hace un par de semanas en Abaí (Caazapá) y revela hasta qué grado de sofisticación han llegado las invasiones de predios rurales. La inseguridad jurídica generada por los usurpadores impunes afecta no solo al legítimo propietario, sino también a todo el país, dado que desalienta las inversiones. Se entiende así que el Senado trate mañana un proyecto de ley presentado por varios de sus miembros que aumenta la pena de cárcel por invasión de inmueble ajeno. Es de desear que la iniciativa sea aprobada y que las autoridades punitivas se decidan a aplicarlas.
Ya se había visto a “campesinos sin tierra” invadir inmuebles bajo la dirección de conductores de vehículos
de alta gama, pero nunca que una casa transportada por un camión haya sido instalada en uno de ellos para simular una ocupación antigua e impedir así el desalojo judicial del usurpador, apoyado por un funcionario local de la Dirección del Registro Civil. El extravagante suceso ocurrió hace un par de semanas en Abaí (Caazapá) y revela hasta qué grado de sofisticación han llegado las invasiones de predios rurales, incluidas las reservas naturales públicas.
Esta práctica delictiva persistirá mientras la norma constitucional que garantiza la propiedad privada y la declara inviolable no se haga cumplir mediante la aplicación rigurosa del Código Penal, que castiga con multa o con hasta dos años de prisión el ingreso individual o colectivo en un inmueble ajeno, con violencia o clandestinidad; la pena se eleva a cinco años, cuando la invasión apunta a instalarse en él. Nadie puede ser privado de su propiedad sino mediante un fallo judicial, pero se admite la expropiación fundada en la utilidad pública o el interés social; estas causales suelen ser falsamente invocadas por ocupantes profesionales, interesados en deforestar un inmueble para luego trasladarse a otro con el mismo objetivo, con el respaldo de autoridades lugareñas o hasta con el aliento de legisladores que alzan el pendón de los “intereses populares”. Las expropiaciones forzadas por las ocupaciones ilícitas promovidas por politicastros afectan incluso a tierras infértiles, como lo ha demostrado el costoso fracaso de Antebi Cue (Concepción). También se aduce que el inmueble ocupado había sido mal habido del IBR o del Indert, en cuyo caso debería volver al dominio del Estado, previa sentencia judicial; por cierto, la ocupación violenta o clandestina de un bien público es tan reprochable como la de uno privado.
La inseguridad jurídica generada por los usurpadores impunes afecta no solo al legítimo propietario, sino también a todo el país, dado que desalienta las inversiones. Se entiende así que el Senado trate mañana un proyecto de ley presentado por varios de sus miembros, de diversos partidos, que aumenta hasta seis años la pena de cárcel por invasión de inmueble ajeno; llegaría a diez, si hubiera daño patrimonial. La iniciativa es sensata, pero es de lamentar que las leyes penales no sean aplicadas: parece claro que en tal caso no protegerán a la sociedad, por más grave que sea la sanción prevista en el papel. El Código Penal autoriza a recurrir a la fuerza para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien propio o ajeno, cuando ella fuera necesaria y racional; también el Código Civil permite al dueño repeler la usurpación de sus bienes y recuperarlos de quien los posea injustamente. Para que los propietarios no se vean obligados a ejercer la legítima defensa, es preciso que se sientan oportunamente protegidos por la ley y por sus ejecutores, en tanto que los eventuales invasores deben saber que no quedarían sin el condigno castigo. Pero, hasta ahora, más y más leyes no han servido para remediar la situación de inseguridad reinante con respecto a la propiedad privada y pública.
Aunque ya no rija el dilatorio “Protocolo Filizzola”, hace un mes se hallaban paralizados los desalojos de unos 800 predios, debido a las presiones de la Articulación Campesina y Popular (ACIP) y de la Coordinadora Nacional Intersectorial, uno de cuyos dirigentes es el célebre Jorge Galeano: alegó que las Naciones Unidas aconsejan evitarlos mientras dure la crisis sanitaria, argumento que fue recogido en un proyecto de ley “de suspensión de desalojos colectivos rurales o urbanos ante la pandemia”, auspiciado por organizaciones civiles. Si el documento –bien recibido por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG)– se convirtiera en ley, las desocupaciones se suspenderían sine die, pues no se sabe cuándo terminará la peste mundial. Por lo demás, cabe recordar que en junio, algunos legisladores, entre quienes se encuentra Pedro Santacruz, presentaron un proyecto de ley ¡para despenalizar las ocupaciones de tierras al cabo de seis meses de haberse iniciado!
La inconstitucional ocurrencia, que suscitó un amplio repudio, fue retirada por su principal mentor, aunque amenazó con volver a presentarlo, con nuevas documentaciones: alegó que solo quería impedir que el Ministerio Público y la Policía Nacional “negocien” los desalojos, para lo cual no se le ocurrió nada mejor que legalizar ese hecho punible, con lo que la invasión de un inmueble ajeno perdería su carácter delictivo, como si un asesinato pudiera dejar de ser un crimen con el paso del tiempo. Pese al retiro del disparate, que mucho fomentaría las invasiones, la Cámara de Diputados creyó necesario rechazarlo –por unanimidad– y emitir una elocuente declaración en la que “se declara defensora del derecho a la propiedad privada y ratifica que la misma es inviolable”. Es de desear que mañana el Senado apruebe el endurecimiento de las penas para los invasores, que tanto daño causan a nuestro país, y que las autoridades punitivas se decidan a aplicarlas.