► EDITORIAL

Fumigar de ladrones y corruptos primero la fuerza policial. Los bandidos de todo tipo se han apoderado de nuestras calles, barrios y hasta se enseñorean en localidades enteras. Han secuestrado la tranquilidad de la población. No pasa un día sin que la prensa registre asesinatos, asaltos, ataques de motochorros, robos domiciliarios, hurtos a pasajeros, y otros casos que atemorizan a la gente. Frente a esta angustiante realidad, tenemos a la institución policial totalmente sobrepasada, o dando la sensación de que está complicada con los bandidos. Y, además, salpicada por hechos de corrupción en sus propias filas, como ocurrió en los últimos días como resultado de investigaciones iniciadas en la prensa y continuadas por la Fiscalía y la Secretaría Anticorrupción, en las que preliminarmente se habla de un presunto robo en materia de combustibles por un monto aproximado de 30.000 millones de guaraníes.

Los bandidos de todo tipo se han apoderado de nuestras calles, barrios y hasta se enseñorean en localidades enteras. Han secuestrado la tranquilidad de la población. No pasa un día sin que la prensa registre asesinatos, asaltos, ataques de motochorros, robos domiciliarios, hurtos a pasajeros en los ómnibus y otros casos que atemorizan a la gente y hacen que las casas –cuyos propietarios tienen capacidad económica– cuenten con sistemas de alarma o se vean rodeados de alambres de púas y otras medidas de protección, y que las despensas de los barrios solo despachen a través de sus rejas. Numerosos son los casos que acaparan la atención del público, como el de una joven universitaria que está entre la vida y la muerte tras caer de un ómnibus en su intento de seguir a un descuidista que le despojó de su celular, o el de una adolescente de 14 años que ultimó a puñaladas a un chipero para robarle, en el Mercado de Abasto. Otro adolescente también de 14 años y su cómplice le robaron su cartera a una mujer con hijo en brazos que caminaba hacia la parada de ómnibus en Puerto Pabla, mientras un local de venta de empanadas fue violentamente asaltado en Villa Elisa. Cuatro asaltantes atacaron a balazos un automóvil ocupado por dos mujeres y se llevaron dos millones de guaraníes, en Fernando de la Mora. Pero hay muchos casos más. Hasta los limpiavidrios de las principales esquinas del tránsito, con su prepotencia, infunden temor a los automovilistas, sin que nadie actúe contra ellos. Y, para peor, hace pocos días fue muerto a balazos el suboficial Santi Figueredo, mientras conducía un vehículo transportador de dinero de una empresa de juegos de azar. El descontrol reinante en la Policía quedó patente cuando los jefes intentaron desmarcarse de este personal que cobraba regularmente su salario, alegando que ni siquiera le conocían. Frente a esta angustiante realidad, tenemos a la institución encargada de combatir la delincuencia totalmente sobrepasada, o dando la sensación de que está complicada con los bandidos. Y, además, salpicada por hechos de corrupción en sus propias filas, como ocurrió en los últimos días como resultado de investigaciones iniciadas en la prensa y continuadas por la Fiscalía y la Secretaría Anticorrupción, en las que preliminarmente se habla de un presunto robo en materia de combustibles por un monto aproximado de 30.000 millones de guaraníes. No sería esta la primera vez que se produce un caso de corrupción con ese rubro, ya que otro ocurrido en 2015 condujo a la cárcel al entonces jefe de Policía, comisario general Francisco Alvarenga, y al suboficial a cargo del manejo de los cupos, Roberto Osorio. Solo que el actual faltante sería 25 veces más grande, mediante la maniobra de simular cargas de combustible a las patrulleras para retirar el saldo contenido en las tarjetas magnéticas asignadas a cada móvil policial. Lo más grave en este último episodio es que la propia cúpula policial intentó esconder la basura debajo de la alfombra, en vez de ponerse a disposición de la Justicia y apartar a los presuntos involucrados mientras se realiza la investigación. Además, la Dirección de Asuntos Internos ignoró por cuatro meses la recomendación de su investigador, que sugirió denunciar el hecho ante el Ministerio Público. Solo las reiteradas publicaciones obligaron a la institución comandada por el comisario general Luis Arias a dar intervención a la Fiscalía. Recién ahora, con la intervención de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), se pudo saber que presuntamente en la Policía operaba toda una rosca que sin asco falsificaba las firmas de humildes suboficiales para desangrar las tarjetas de los combustibles. Mientras el comandante de la Policía desafía a los medios de prensa a que demuestren la “tragada”, hay que avisarle que su propia Dirección de Asuntos Internos acusó de “mala fe” a los agentes de la Dirección General de Administración y Finanzas porque, según aparece, a toda costa intentaron sabotear la investigación, suministrando datos inexactos, incompletos y hasta borrando informaciones resaltantes de las planillas. Y bien, ¿puede razonablemente la ciudadanía confiar en que una institución que presenta tantas aristas sospechosas pueda combatir a los delincuentes? Definitivamente, no. Porque si en las altas esferas de la fuerza hay complicidad con la corrupción, es lógico que el ejemplo cunda en los niveles inferiores, y, como consecuencia, que los efectivos policiales despierten temor antes que confianza en la ciudadanía. Y si a eso agregamos que si la cabeza de la seguridad interna, Arnaldo Giuzzio, se enreda en palabrerías y promesas, y aún más, aparece en un acto político junto a un legislador a quien, siendo senador pocos años antes, acusó de narcotraficante, tampoco es mucho lo que se puede esperar de él. Así es que, en materia de seguridad, nuestro país marcha a la deriva y con poca esperanza de que mejore la situación sino que, como viene ocurriendo, la criminalidad se enseñoree en todos los rincones. Y ¡cuándo no!, nada mejor que culpar a la prensa. Así, el recientemente destituido subcomandante de la Policía Nacional (PN), Víctor Balbuena, atribuyó la “sensación de inseguridad” reinante a la “mediatización de hechos violentos”. Para conocimiento de las autoridades que siguen pensando igual, bastan los hechos mencionados más arriba, y otros más que siguen ocurriendo. El 6 de septiembre, el jefe de Prevención y Seguridad de Asunción, comisario general Daniel Careaga, a quien en 2019 un comerciante de Santa Rita denunció por los delitos de persecución de inocentes, extorsión y cohecho pasivo agravado, informó que desde esa tarde se realizarían fuertes controles en la Gran Asunción, que las redadas serían continuas en diversos horarios y que se realizaría un mapeo de las zonas ribereñas, donde suelen ocultarse los delincuentes. Aquí cabe preguntar: ¿dónde estaban el personal y las patrulleras que de repente salen a las calles? No se los veía por ninguna parte. Se trata de una tomadura de pelo que, desde luego, no hará que los maleantes se pongan a temblar y que se repetirá dentro de un tiempo, con la consecuencia de siempre: se seguirá robando y matando, mientras los ineptos y corruptos sigan pudriendo el órgano encargado de preservar la seguridad de las personas y de sus bienes. Si en la PN se trabaja sin el menor profesionalismo, en el mejor de los casos, no es mucho lo que se puede esperar de alguna “estrategia” elaborada para tratar de reducir la inseguridad. El presidente Mario Abdo Benítez otorgó tres meses de plazo para que el ministro Giuzzio y el comandante Arias encuentren una solución a la tremenda inseguridad reinante o –de lo contrario– serían destituidos. Ante los hechos violentos y escándalos que se vienen sucediendo, estos dos funcionarios no deberían esperar tanto tiempo, sino que –por decoro– deberían dar un paso al costado, para que otros traten de combatir el bandidaje, comenzando por la propia fuerza.