Inversiones muy dudosas del Indi
Tres inmuebles adquiridos por montos millonarios entre los años 1995 y 1996 por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), durante la administración de Valentín Gamarra (que fue condenado), están judicializados. Otras personas también reclaman ser los legítimos propietarios.
Entre marzo de 1995 y julio de 1996, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) pagó casi G. 2.000 millones en concepto de compra de tierras en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú. La adquisición se concretó –de acuerdo a los datos proporcionados– durante la gestión del entonces titular del ente, Valentín Gamarra.
A 26 años de esa operación, los tres inmuebles en cuestión soportan litigios judiciales y conflictos en simultáneo, debido a que otras personas también aseguran ser los dueños legítimos de las tierras y reclaman solución al caso.
En Canindeyú, la comunidad indígena Veraro viene exigiendo un punto final a la problemática existente, pues afirma que la finca 4.209, con 1.300 hectáreas, pertenece al Indi, que en 1995 desembolsó G. 520 millones por un título de propiedad con esas características. Sin embargo, años después, saltó la denuncia de que un empresario también contaba con el título y pidió el desalojo de los nativos.
Otro caso guarda relación con la finca Nº 632, con 4.924 hectáreas, en Itapúa, adquirida por la administración de Gamarra en marzo de 1995 por G. 534 millones a “Partners Inc”. Allí, la comunidad indígena Makutinga fue desalojada en 2015 y pide la restitución de las tierras. No obstante, también se presentaron otras personas como propietarios legales de dicha finca.
El tercer caso es el que se arrastra en Itakyry, Alto Paraná, en una propiedad de más de 1.300 hectáreas que el Indi reinvindica haber comprado por G. 818 millones. Según el instituto, el inmueble fue transferido en 1996 por el señor Lorenzo Mario Pastor D’Ecclesiis.
En este último caso, los indígenas se enfrentan con varios pequeños productores que aseveran que se encuentran afincados en esas tierras desde hace más de dos décadas. Sostienen que adquirieron las parcelas del Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). Este conflicto derivó meses atrás en el desalojo de los miembros de la comunidad Ka’a Poty, que ocupa parte de la finca desde el 2018 y que actualmente está encabezada por Marta Díaz. Ella insiste en que esas hectáreas corresponden al Indi. A través de una medida provisoria judicial, la comunidad ocupó nuevamente el sitio.
Los tres casos están judicializados y sin señales de que vayan a resolverse a corto plazo, había indicado el actual titular del Indi, Édgar Olmedo, quien agregó que mientras no haya nulidad de alguno de los títulos, la institución seguirá reivindicando las propiedades y exigiendo que se esclarezca el origen de los títulos que están hoy en duda.
Antecedentes
En febrero del 2019, medios de prensa publicaron que Ana María Allen, entonces presidenta del Indi, había anunciado que denunciaría ante la Fiscalía la aparente compra irregular de tierras y la existencia de varios casos de “doble titulación”. Incluso dio a entender que el Indi adquirió esas tierras “solo en papeles”, es decir, no existen. Por su parte, el extitular del Indi, Valentín Gamarra, bajo cuya gestión habrían sido compradas estas tierras en conflicto, fue procesado y condenado a prisión en el 2005 por desviar fondos destinados al pago de tierras a favor de comunidades de aborígenes. Asimismo soportó otros procesos por sobrefacturación y compra irregular de propiedades a nombre del Indi, según publicaciones periodísticas.